El Consejo de la Unión Europea ha confirmado este jueves que ha recibido la petición del Gobierno de España para que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser reconocidas como lenguas oficiales de la Unión y ya está estudiando la demanda.

Fuentes europeas confirman a Europa Press que la institución europea, que reúne a los Veintisiete Estados miembros, ha recibido la carta del Gobierno español y "la estudiará". La petición, según ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha producido en virtud del acuerdo alcanzado con Junts para que respaldara la candidatura de la socialista Francina Armengol para presidir la Cámara Baja.

En su misiva, el Gobierno ha pedido que esta cuestión se incluya como punto del orden del día en la reunión del Consejo de Asuntos Generales (CAG) del próximo 19 de septiembre. Formado por los ministros de Asuntos Europeos de todos los Estados miembros de la UE, este foro se encarga de asuntos trasversales de la Unión y de estructura institucional del bloque.

La inclusión de las tres lenguas irá a dicha reunión, al haber cumplido España los plazos del reglamento del Consejo, señalan fuentes diplomáticas, por lo que los ministros europeos ya tomarán posición sobre la propuesta en septiembre.

El reglamento que regula el régimen lingüístico data de 1958 y se ha ido enmendando con las sucesivas ampliaciones de la UE, pasando de cuatro lenguas oficiales en un primer momento -neerlandés, francés, alemán e italiano- a las 24 actuales. Cualquier cambio de este reglamento debe ser decidido por unanimidad de los Estados miembros.

La última lengua en incorporarse fue el croata en 2013, con la entrada de este país en la UE, mientras que el gaélico es la única lengua cooficial que ha sido reconocida entre las oficiales de la UE hasta la fecha. Su inclusión tuvo lugar después de la entrada de Irlanda en el bloque en 1973, por lo que es el caso más similar al que ahora presenta España con el catalán, el euskera y el gallego.

Formalmente el idioma gaélico recibió el estatus de lengua oficial y de trabajo de la UE en 2007, dos años después de que lo solicitara Dublín, aunque se mantuvieron excepciones y un periodo de transición por la falta de medios técnicos y hasta 2022 no se han visto traducidos todos los registros y documentos legales de la UE.