La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha puesto nueva fecha para la declaración de la que fuera amante del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, investigado en el 'caso Mediador', y para la del empresario Luis Monzón, del Grupo Lopesán. Ambas tendrán lugar el jueves 13 de abril a partir de las 10.00 horas.

Tal y como avanzaba 'Vozpópuli' y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press, esta nueva fecha para las testificales llega después de que la magistrada acordara suspenderlas y aplazarlas a pesar de que las fijó para finales de marzo. En la providencia, la jueza advertía de que se debían adoptar "las medidas debidas para preservar su difusión en los medios de comunicación".

Según el sumario de la causa, el general Espinosa llegó a pedir al 'mediador' de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, y a otro empresario investigado que contrataran a su amante por 3.000 euros al mes para que desempeñara labores administrativas en una empresa.

Por su parte, Monzón habría sido una de las personas a las que Espinosa contactó para que otros imputados se abrieran camino en sus negocios en Canarias. En su declaración judicial, Espinosa indicó que habría realizado gestiones para que empresarios importantes de Canarias se reunieran con Antonio Bautista --empresario también investigado-- para intentar colocar placas solares en sus negocios.

Una de esas empresas era el grupo hotelero Lopesan, si bien el general explicó que no llegaron a buen puerto y que él solo hizo las presentaciones porque quería que Bautista le diera trabajo tras la jubilación. "Por eso me esforcé en intentar que él se entrevistara con personas del grupo Lopesan, pero no impulsé la contratación obligando a nadie", añadió.

Así, estas dos declaraciones testificales girarían en torno a la figura de Espinosa, el único imputado en la causa que permanece en prisión provisional a la espera de que concluya el análisis de sus dispositivos electrónicos y de sus cuentas bancarias.
 

En este caso se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el general, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', el sobrino del ex diputado Taishet Fuentes Gutiérrez y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte que se habría dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos.

De acuerdo con los investigadores, la trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".

Las pesquisas señalan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".