La jueza del caso Mediador, Ángela Lorenzo-Cáceres, rechazó la petición de los partidos PP, PSOE y Vox, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (Aguaiuris) de ejercer la acusación por separado y mantiene su criterio, con el respaldo de la Fiscalía, de unificarles en una única acusación popular para evitar la “hipertrofia acusatoria”.

Así lo señaló en un auto en el que apuntó que la pretensión debe ser desestimada porque “cualquier decisión en contrario entraría en colisión con el derecho a la tutela judicial efectiva y el reconocimiento al derecho a formar parte del proceso de las acusaciones populares consagrado constitucionalmente”.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife indicó que la jurisprudencia recogió la acusación popular unificada porque “sin duda alguna tiene efectos beneficiosos para la correcta tramitación del proceso en tiempos prudenciales”, y da respuesta “a lo que se denomina la hipertrofia acusatoria”. 

Señaló que así se evita “el efecto pernicioso que produce en las causas las personaciones múltiples, con las consecuencias derivadas de esa sobreabundancia, como es la lentitud, complicación innecesaria y ralentización de los procedimientos”. Además, en respuesta a varias de las partes, señaló que “no es viable jurídicamente” la omisión del deber de prestar fianza. Y avisó de que hasta que no se fija y se presta “no se han cumplido los requisitos para ser parte, y la acusación popular no puede intervenir en las diligencias que pudieran practicarse”.

Protestas

Así las cosas, la acción popular unificada está conformada por Fuerza Canaria Unida Democrática, Aguaiuris, la AUGC, Vox, PP y PSOE. El PP solicitó ir por libre y que se inadmitiera la personación del PSOE en la causa porque dado que hay tres de los investigados que “pertenecían o estaban adscritos a ese partido”, la investigación puede acabar derivando en que se pida responsabilidad civil al PSOE por los hechos. El PSOE pidió también ejercer en solitario porque, en este caso, “tratándose de organizaciones heterogéneas, que representan valores tan distintos difícilmente podrán coincidir en una unitaria estrategia procesal acusatoria,”. 

La AUGC también solicitó ejercer la acusación popular de manera individual, al entender que ir bajo la dirección de un mismo letrado era “absurdo” y “limitativo del derecho de defensa y de que las partes procesales puedan elegir cómo y qué medios creen más idóneos para ejercer el derecho de defensa”.