El juez que investiga el caso mascarillas ha rechazado imputar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al estimar que no hay indicios de que cometiese un delito de tráfico de influencias, de modo que le ha citado como testigo para que aclare cómo fue el contacto entre los comisionistas y el Ayuntamiento.

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, afirma en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, que Carlos Martínez-Almeida "se limitó a proporcionar" al empresario Luis Medina, uno de los dos investigados en esta causa, el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del consistorio, Elena Collado.

Pero rechaza que la "presionase en modo alguno" o la "obligase" a llamar a Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, porque "alegase su condición del primo del alcalde".

Por ello ha denegado la solicitud de imputarle por tráfico de influencias formulada por la acusación popular ejercida por Podemos, a la que se adhirió el grupo Mixto del Ayuntamiento, dado que dicho delito requiere que se haya ejercido "una considerable presión en la autoridad o funcionario, más allá de la mera recomendación o sugerencia".

"Nada de lo anterior consta en la presente causa", dice el juez, que sin embargo sí cree "conveniente" citarle como testigo para "conocer el modo en que los investigados -los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño- contactaron con la persona encargada de la contratación en el Ayuntamiento y si hubo algún trato de favor con los mismos" debido a su intervención.

La providencia, dictada este mismo lunes por el juez y que sigue el criterio de la acusación popular Más Madrid y la Fiscalía Anticorrupción, coincide con la segunda ronda de interrogatorios de la causa.

Están citados este lunes la presidenta de la universidad americana CIS, que, según Medina, fue quien le dio el teléfono del primo del alcalde de Madrid, y dos directivos de entidades bancarias en las que los dos empresarios tenían sus cuentas.

En este procedimiento se investiga una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario de inferior calidad al prometido al inicio de la pandemia, una operación por la que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones.