El nuevo secretario general del Congreso, Fernando Galindo, cargo que le señala para firmar la proposición de Ley de la amnistía, se pronunciará mañana ante la Mesa de la Cámara sobre si debe o no abstenerse en este trámite al haber sido miembro del Gobierno recientemente.

De esta forma tendrá que responder a la recusación que el grupo parlamentario del PP ha planteado este lunes al considerar que Galindo no debe intervenir en el trámite de calificación de la ley de amnistía ya que se "vulnerarían los principios legales de imparcialidad y objetividad".

Los populares aluden al artículo 24 de la ley del Régimen Jurídico del Sector Público que señala que autoridades y personal al servicio de las administraciones deben abstenerse de intervenir en procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato en el caso de "tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar".

El PP argumenta que Galindo ha sido subsecretario en el Ministerio de Política Territorial dos días antes de haber sido nombrado letrado mayor del Congreso y que además está casado con la que fue directora general de Relaciones con las Cortes justo antes de desempeñar el nuevo cargo. 

El mismo artículo de la ley a la que alude el PP señala como motivo de abstención en un procedimiento el "tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable...con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato".

Según esta norma, al día siguiente de registrarse por escrito la solicitud de recusación, Galindo debería manifestar si se da o no en él la causa alegada a su inmediato superior, en este caso la presidenta del Congreso, Francina Armengol y la Mesa de la Cámara. 

En caso de que Galindo decida abstenerse, la Mesa del Congreso presidida por Armengol deberá sustituirle, aunque si el recusado niega la recusación, el órganos superior tendrá que resolver en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

De esta forma, la Mesa de la Cámara, que ha retrasado a las 11,00 de la mañana su reunión del martes, tendrá que resolver cualquier decisión.

Y aunque este órgano tiene mayoría de PSOE y Sumar y podría considerar válida la firma de Galindo, los populares le pedirían justificarla por lo que la proposición de ley podría retrasarse todavía unos días en su primer trámite de calificación en el Congreso, tal como pretende el PP.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ya había anunciado que frenarán el trámite de la amnistía por considerarla inconstitucional en todos los frentes tanto parlamentarios como judiciales.