La mayoría del Congreso ha apoyado este martes tramitar una proposición de ley impulsada por Sumar para recuperar la justicia universal y poder juzgar en España crímenes de genocidio o lesa humanidad cometidos en cualquier parte del mundo, una reforma que quedo congelada en pasadas legislaturas a pesar de contar incluso con unanimidad.

En esta ocasión el PP y Vox han mostrado desde la tribunal su rechazo a la reforma, mientras que los portavoces de Sumar, Podemos y BNG acusaban a Israel de cometer un genocidio en Gaza.

El PSOE y los aliados del Gobierno han respaldado la iniciativa al coincidir en que los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 enterró de hecho con la jurisdicción universal en España.

Un "imperdonable error histórico" que es necesario corregir, en palabras del portavoz de Sumar, Enrique Santiago, quien ha recordado que España fue pionera en la persecución de graves delitos que quedan impunes en otras partes del mundo y ha considerado un "mandado humanitario imperativo" garantizar protección a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, torturas, genocidio o desapariciones forzosas.
En 2009 la jurisdicción universal se reformó para exigir que hubiera víctimas españolas y Santiago ha insinuado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se hizo eco entonces de una petición de Israel, país que estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional.

"Si la comunidad internacional hubiera dispuesto de más herramientas para impedir la impunidad, quizá el genocidio del pueblo palestino que hoy contemplan en directo todos los habitantes del planeta no estaría cometiéndose", ha denunciado.

La diputada socialista, Hana Jalloul, ha coincidido en la necesidad de revertir la reforma de 2014, que exige que el autor del crimen sea español, resida en España o se encuentre en territorio española, pero ha reivindicado el modelo de 2009, una herramienta "justa" que permitió a España ser referente en la defensa de los derechos humanos.

Desde el PP, María Jesús Moro ha recordado que hace 2.196 días hubo unanimidad en la Cámara para abordar una reforma en base a una iniciativa que entonces impulsó ERC y ha acusado a los partidos del Gobierno de "hipocresía" por rescatar ahora una iniciativa que dejaron dormir en un cajón.

Moro ha reconocido que la normativa actual es "perfectible", pero ha cuestionado que se apueste por ampliar de forma ilimitado la jurisdicción universal cuando faltan recursos para la Guardia Civil y la lucha contra el narcotráfico y cuando se suceden las críticas a la judicatura.

Críticas que, de hecho, han sido el eje de las intervenciones de ERC y de Junts.

"¿Qué medidas vamos a poner para garantizar que la justicia, no ya la universal, sino la de aquí, en Cataluña, sea justicia?" se ha preguntado Pilar Vallugera (ERC), mientras el portavoz de Junts, Josep María Cervera, volvía a cargar contra los jueces y la "represión" del independentismo.

El PNV ha apoyado tramitar la iniciativa y EH Bildu también lo ha respaldado, aunque su portavoz, Jon Iñarritu, no ha ocultado su temor por que, como ocurrió en el pasado, se quede en un armario ante las dudas que puedan plantear algunos ministerios.

Desde Coalición Canaria, Cristina Valido ha pedido que, además de Gaza o a Ucrania se mire a las islas, donde hay también un problema "muy serio" con los derechos humanos de los casi 6.000 menores migrantes acogidos, y ha exigido al Gobierno cumplir con su acuerdo y descargar a la comunidad de esa responsabilidad que ahora asume en solitario.

La intervención más dura la ha protagonizado el diputado de Vox José María Sánchez, quien ha acusado a Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, de desvergüenza al presentar un texto "repugnante" en defensa de la justicia universal y representar a "la ideología más mortífera de la historia".

Santiago le ha asegurado que está orgullo de militar en el partido que "sin duda ha hecho más por la democracia y contra la dictadura franquista".