La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido propuesta este martes para el cargo de comisaria de Competencia y vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva en la nueva Comisión Europea.

Fue la candidata del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 y renunció al acta que consiguió ante la decisión del Gobierno español de presentarla para ocupar un puesto en la nueva Comisión Europea.

Su cercanía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quedó reflejada al acompañarlo como número dos en las listas del PSOE por Madrid en las elecciones generales de julio de 2023.

Casada con el consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Mariano Bacigalupo y madre de tres hijos, Ribera es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Desde su nombramiento como ministra en 2018, Ribera (Madrid, 1969), ha hecho frente a dos de los mayores desafíos de la economía de las últimas décadas: los efectos de la pandemia de coronavirus y la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania.

Su compromiso contra la energía nuclear y los combustibles fósiles han marcado sus más de seis años al frente del departamento, que la convierte una de las pocas ministras que se ha mantenido en su cartera desde el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Entre las medidas más destacadas de su mandato destacan las rebajas de impuestos en los recibos de la luz y el gas, la ampliación del bono social o los descuentos en los carburantes, así como la "excepción ibérica".

Se trata de un mecanismo que decayó el pasado mes de diciembre y que permitió a España y Portugal limitar o "topar" el precio del gas utilizado para producir electricidad para evitar que los máximos alcanzados en los mercados mayoristas se trasladasen al consumidor, que, según la titular de Energía, ha permitido a los particulares ahorrar más de 5.000 millones de euros.

Su carácter dialogante no ha impedido que durante su mandato se haya tensado la relación con las empresas energéticas, muy críticas con algunas de sus propuestas, en especial con el impuesto, inicialmente temporal y extraordinario, al sector.

Con el Plan de Recuperación, desde su departamento se ha desplegado una política de ayudas a la extensión de las renovables, el autoconsumo y las comunidades energéticas; y se ha trabajado en mejorar dos de los potenciales obstáculos de las energías limpias: los trámites burocráticos y la oposición social.

También se ha querido potenciar un vector energético en el que están puestas las esperanzas de descarbonización del transporte y la industria pesada, el hidrógeno verde.

Su afinidad con los grupos ecologistas por sus postulados verdes en defensa del clima y la biodiversidad han llevado a Ribera a defender con contundencia el Parque Nacional de Doñana frente a las explotaciones agrícolas de la zona por temas de sequía.

En 2019 confirmó su buena imagen política fuera de España con la organización en tiempo récord de la COP25 en Madrid, después de que Chile renunciara a celebrarla.

El pasado mes de julio Ribera asumió la presidencia de la nueva comisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para la justicia social energética.