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lunes | 30 diciembre | 2024
La investigación del caso Koldo ha desvelado la forma de operar de una supuesta trama que convirtió "la necesidad sanitaria en un negocio millonario" en plena pandemia, unos hechos que han salpicado al exministro José Luis Ábalos y que mantienen en el foco político a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
A lo largo de esta semana se han ido conociendo detalles de una causa en la que la Audiencia Nacional investiga a Koldo García, exasesor de Ábalos, y a varios empresarios, y en la que el juez ha situado al exministro como "intermediario" en las conversaciones de la trama sobre una reclamación del Govern balear cuando lo presidía Armengol a la empresa del caso por mascarillas defectuosas.
Las pesquisas se centran en la adjudicación en 2020 de varios contratos por 54 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por parte de diversos entes públicos -los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos balear y canario, entre ellos- en los que se cree que Koldo García habría intermediado a favor de la trama y se habrían cobrado comisiones.
Unos contratos en los que, según un informe de Hacienda, aparecieron "múltiples intermediarios" que convirtieron "la necesidad sanitaria en un negocio millonario en el que se prefiere no aparecer", en un contexto -"el peor momento de la pandemia"- de mercados "convulsos" que supuso "un gran esfuerzo económico" para el erario público, mientras otros obtuvieron "beneficios excesivos".
Estas son algunas de las claves de un caso que ha causado a Ábalos la suspensión cautelar de militancia del PSOE por su "responsabilidad política" y le ha relegado al grupo Mixto del Congreso al descartar dejar su escaño.
En uno de sus autos, del 7 de febrero, el juez Ismael Moreno sitúo al exministro Ábalos como "intermediario" en las conversaciones que su exasesor habría mantenido con un empresario para tratar de frenar, supuestamente, la reclamación de 2,6 millones de euros que hizo el Govern balear.
Según las pesquisas, Koldo García trató de influir para que esta reclamación "no prosperase" y, en sus conversaciones con el empresario Juan Carlos Cueto, le comunicó que trataría el tema con Ábalos y que también había quedado con "Miguel Tellado y con Alberto", sin especificar el auto quién es este último ni constar si esa reunión -que el portavoz parlamentario del PP niega- se produjo.
El sumario ha desvelado que el Gobierno balear avaló en agosto de 2020 los servicios de la empresa de la trama, aunque tres años más tarde efectuó esa reclamación.
Este asunto ha dado munición al PP, que cree que Armengol "no puede seguir ni un minuto más" y pedirá formalmente en el Congreso su dimisión, mientras desde el PSOE piden también cuentas a los populares por la alusión a Miguel Tellado en el sumario.
Se da la circunstancia de que la trama trató de vender las mascarillas a cuatro gobiernos autonómicos socialistas. Castilla la Mancha rechazó la oferta porque eran "defectuosas" y Aragón por su elevado precio. En cambio, Canarias y Baleares compraron.
Esa marisquería era el lugar preferido de Koldo García para reunirse. Lo hizo, según el sumario, con cargos de Transportes, como el subsecretario Jesús Manuel Gómez, hace apenas unos meses, y el juez destaca un encuentro de "especial interés" mantenido con Ábalos el pasado 10 de enero, presuntamente para tratar el asunto balear.
Del análisis de las conversaciones intervenidas, la Guardia Civil concluye que Koldo García habría dejado el pasado 3 de noviembre en una furgoneta "los papeles" que su hermano "tenía que entregar a Ábalos".
Joseba García, también investigado, salió al día siguiente con ese vehículo hacia Valencia. Esos "papeles" estarían "directamente relacionados" con adjudicaciones investigadas.
Los agentes también han recabado indicios de la "actual" influencia de Koldo García en "funcionarios y/o responsables" del departamento que ahora dirige Óscar Puente, y creen incluso que trató de "colocar" a su hermano en Correos.
Los investigadores también aluden en el sumario a la existencia de un "súper jefe en esta historia", que se trataría de una "tercera persona" a la que no se habría querido "mentar por teléfono", y apuntan a que cuatro meses antes de su detención, Koldo le comentó a su hermano Joseba que sabía que la Guardia Civil estaba tras su pista gracias a un chivatazo.
A la Fiscalía le ha llamado mucho la atención el incremento patrimonial de Koldo García y su familia, que entre 2020 y 2022 habría aumentado hasta 1,5 millones de euros.
En esos años, Koldo García y su entorno habría adquirido cuatro pisos sin pedir hipoteca -uno de ellos a nombre de su hija de un año-, coches, motos y habrían firmado varios testamentos sucesivos.
También dispuso de varios coches de alta gama -Ferrari, Land Rover- el empresario Víctor de Aldama, quien habría creado siete sociedades en Portugal, presuntamente para intentar sacar de España los beneficios que habría obtenido de los contratos.
Los investigadores creen que Aldama, junto al empresario Juan Carlos Cueto, "habrían sido los responsables de hecho" de los contratos investigados. La Fiscalía cifra en 5,5 millones de euros el beneficio que habría obtenido el primero, y en 9,6 el segundo.
