El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, solicitó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “adopte las decisiones” oportunas para trasladar a los nueve presos del procés de forma que se garantice su presencia ante el tribunal la última semana de enero.

En un oficio firmado ayer, Marchena pide al ministro que realice las gestiones indispensables para asegurar que los nueve líderes independentistas en prisión provisional estén a disposición de la Sala que juzgará los hechos –y que él también preside– en el momento en que empiece el juicio, que aún no tiene fecha.

La solicitud de Marchena afecta a nueve de los doce acusados en el Supremo por el procés, que se encuentran en prisiones catalanas, a donde fueron trasladados desde varias cárceles de Madrid el pasado mes de julio.

El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exlíder de ANC Jordi Sánchez; el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart; y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn se encuentran actualmente en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell está en Mas d’Enric (Tarragona) y la exconseller Dolors Bassa en Puig de les Basses, en Figueres (Girona).
En su escrito, Marchena recuerda que la causa se encuentra en un momento procesal en el que ya se presentaron los escritos de acusación y está a punto de vencer el plazo de presentación de los de las defensas, de forma que el juicio, cuya fecha está próxima a fijarse, será dentro de unas semanas.

El juez menciona el artículo 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que, una vez señalada la vista oral, “los procesados que se hallen presos sean inmediatamente conducidos a la cárcel de la población en que haya de continuarse el juicio”.
Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, informa al titular de Interior de que en el momento actual ha sido declarado abierto el juicio oral y ya se han formulado las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular.

Por su parte, el Reglamento Penitenciario sustituye la inminencia a la que se refiere la Lecrim por una “antelación mínima de treinta días”.

El Supremo entiende que ni la celeridad de la Lecrim ni el plazo de un mes pueden ser concebidos como “exigencias temporales en detrimento de la seguridad” necesaria en el traslado de los presos en unas condiciones que respeten su dignidad y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Por ello, Marchena pide que los presos se encuentren en Madrid a disposición del tribunal la última semana de enero y solicita al ministro que comience los trámites oportunos para ello. 
El conseller catalán de Interior, Miquel Buch, informó, tras conocerse el requerimiento, que la Generalitat ha ofrecido al Gobierno que sean los Mossos quienes efectúen el traslado de los presos soberanistas hasta Madrid para que estén ahí cuando empiecen las sesiones del caso procés.

“Hemos ofrecido que hagan el traslado los Mossos d’Esquadra. Lo que pasa es que aquí quien decide es el Ministerio de Interior y no nosotros, pero el ofrecimiento está hecho”, apuntó durante una rueda de prensa.