El juzgado de primera instancia número 70 de Madrid aceptó la personación de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Sada en el proceso iniciado por la Abogacía del Estado para reclamar 564 bienes del pazo de Meirás. 

 

Un auto del 15 de noviembre confirma a la representación legal de la Xunta y del Ayuntamiento donde se ubica el inmueble que pueden formar parte de las actuaciones, tanto en la pieza principal como en las medidas cautelares, ambas instituciones junto a la Abogacía del Estado.

 

Los 564 bienes muebles de esta demanda están agrupados en tres categorías: bienes de patrimonio nacional, bienes del patrimonio documental español y bienes que son del dominio público por si afectación al uso del pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado y, además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y artístico vinculado a la figura de Pardo Bazán.

 

A través de un comunicado, el alcalde de Sada, Benito Portela, explicó que el Ayuntamiento continuará con "la defensa de la integridad patrimonial del pazo".

 

"Sada estuvo, está y debe seguir estnado allí donde se defienda la integridad patrimonial del pazo de Meirás. No solo en defensa de un bien de integridad cultural sino también de la memoria democrática y del interés general de la ciudadanía de Sada", añadió.

 

Este viernes el alcalde se enfrenta a una moción de censura planteada por los ediles de los grupos municipales del PPdeG, PSdeG y Alternativa dos Veciños, que criticaron este personamiento aceptado ahora por la justicia.

 

La demanda está en los juzgados de Madrid debido a que la norma establece que, en cuestión de bienes muebles, son competentes los organismos judiciales correspondientes al domicilio de la parte demandada, en este caso la familia Franco.

 

Fuentes de la Abogacía del Estado aclararon que no fueron expresamente incluidos en la demanda previa "por la negativa de los Franco a acceder al inmueble, lo que impedía conocer los bienes ubicados en el interior".

 

"La ejecución de la sentencia y el acceso al Pazo permiten conocer esos bienes e inventariarlos", agregaron estas mismas fuentes.

 

La demanda incluye medida cautelar de que los bienes se queden dentro del pazo y en depósito de la Administración hasta que el juzgado resuelva a quién corresponde la propiedad.