La Audiencia Nacional ha rechazado el intento del patrón del buque gallego 'Villa de Pitanxo' de anular un informe que apuntó a un "error humano" como la "causa más probable" del naufragio ocurrido el 15 de febrero de 2022 en aguas cercanas a Terranova (Canadá), en el que murieron 21 marineros y solo tres personas sobrevivieron. 

La sección tercera de lo Penal ha considerado "absolutamente improcedente" la petición formulada por Juan Padín y la casa armadora del barco Pesquerías Nores Marín, que solicitaron anular el informe encargado por el juez Ismael Moreno a dos peritos judiciales. 

En él, los peritos apuntaron a que un "error humano" del capitán por la "falta de percepción cabal del riesgo de hundimiento" del buque 'Villa de Pitanxo' al hacer una maniobra sería la "causa más probable" de la tragedia marítima.

Los recurrentes discrepaban de la elección de los dos peritos que elaboraron el informe, si bien los magistrados señalan que la decisión de encargarles la pericial no fue recurrida y precisan que, aunque puedan criticar esa resolución, eso no conduce a que sea declarada nula.

Es "irrelevante" por tanto, dicen, que el patrón y la armadora invoquen que los peritos tuviesen criterio formado o que estuviesen contaminados, lo "relevante es que sin recurrir" la resolución que los designaba, "no es lícito declarar la nulidad" del nombramiento.

Sostienen también que los recurrentes son "muy libres" de valorar el informe "en el más amplio sentido y de encontrarlo desde insuperable a digno de desecharse, pero ello no conlleva que deba ser declarado nulo" y añaden que "todas las aseveraciones" que tengan que hacer pueden realizarlas durante la instrucción o en el juicio.

Las familias de los marineros fallecidos han valorado "de forma positiva" la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en el procedimiento un informe que consideran "muy importante" para la investigación, según ha informado la portavoz María Jose Do Pazo.

La Fiscalía ve en el naufragio del 'Villa de Pitanxo' indicios de delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores, y las familias de las víctimas, que se querellaron contra el patrón y la armadora, también incluyeron la posibilidad de que se incurriese en otro delito de falsedad documental.