La Fiscalía ha pedido la retirada del permiso de conducción y el pago de una multa para el presidente de la diputación de Ourense y del PP provincial, Manuel Baltar, durante la comparecencia telemática celebrada este jueves, tal y como ha confirmado el político ourensano. 

A preguntas formuladas por los periodistas antes de participar en un mitin en O Pereiro de Aguiar (Ourense), el propio Baltar ha comparecido para hablar del proceso judicial abierto contra él. 

Sobre este particular, ha insistido en que prestó declaración "telemática", tal y como dice que se le había ofrecido, y que contestó a las preguntas que le formularon tanto el juez como su abogado. 

Además, ha dicho estar disconforme al entender que el proceso habría concluido al haber abonado la multa correspondiente tras haber sido cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora en la A-52. 

Preguntado por la petición de la Fiscalía, ha aclarado que lo que solicita es "la retirada del permiso de conducir y una multa". 

En todo caso, ha sostenido que el procedimiento estaría terminado al haber "satisfecho la sanción". 

En esta línea, ha explicado que su representación procesal ha decidido presentar recurso al entender que existe una nulidad del procedimiento y que no cabe "pagar una sanción dos veces", cuestiones jurídicas que se tendrán que dirimir durante estos días. 

Tras mostrar su total "colaboración" con la justicia, Baltar ha dicho que sigue "a disposición para cooperar y colaborar con la Administración de Justicia como en su momento hice con la Guardia Civil de Tráfico cuando me notificó la sanción —ha afirmado—". 

"La satisfice y he considerado que se resuelve el procedimiento y que por tanto se acaba el proceso administrativo", ha proseguido Baltar. 

Ha restado importancia a la suspensión inicial del juicio que atribuyó a que hubo "algo de confusión entre los servicios del juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora) y con alguna otra cuestión". "Yo había quedado con mi abogado en hacerlo a las 13 y es lo que he hecho", ha apuntado. 

Respecto a la citación del día 31 de mayo, ha considerado que ahora el debate es "jurídico" y, por tanto, aunque se ha señalado esa fecha "tendrán que verse los recursos que mi representación ha puesto en marcha, por tanto absoluta tranquilidad y que se desarrolle el procedimiento como es habitual". 

Finalmente, ha descartado un posible coste electoral derivado de estos hechos. 

"Ya pedí las disculpas públicas correspondientes, he satisfecho la sanción y ahora es una cuestión de debate jurídico", ha concluido.