Los diputados que han dejado de serlo por la disolución del Parlamento gallego ayer, con el adelanto de las elecciones autonómicas, no recibirán indemnización compensatoria y tendrán que devolver el ordenador portátil, a no ser que quieran adquirirlo, pero no el teléfono móvil que venían utilizando.

Así figura en los acuerdos organizativos adoptados este miércoles por la Mesa del Parlamento de Galicia derivados de la disolución de la Cámara con la publicación ayer del decreto de convocatoria de las elecciones gallegas para el 18 de febrero de 2024.

Según lo acordado, los diputados no deberán devolver los teléfonos móviles, dado que por su antigüedad carecen de valor en el mercado y para garantizar la protección de datos de carácter personal que puedan figurar en estos dispositivos, según explica el Parlamento en un comunicado.

Desde la entrada en vigor ayer del decreto de disolución del Parlamento, solo los diputados titulares y suplentes de la Diputación Permanente -23 de un total de 75- prorrogan sus funciones hasta la constitución de la nueva Cámara tras las elecciones, pero el resto pierde su condición de parlamentarios.

Estos diputados que dejan de serlo no recibirán indemnización compensatoria, como ya ocurrió en 2016, aunque el Parlamento les abonará las cuotas correspondientes a la cotización hasta el 31 de diciembre de 2023, como máximo, para posibilitar su reincorporación a su puesto público o a su actividad laboral o profesional.

En todo caso, solo se cotizará hasta el día anterior al indicado por cada diputado o diputada como fecha efectiva de su reincorporación.

La Mesa del Parlamento también ha tomado conocimiento de la composición actualizada de la Diputación Permanente, y ha declarado caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución, salvo algunas excepciones.

Entre estas excepciones, están la de los asuntos que estatutariamente o reglamentariamente le corresponde conocer a la Diputación Permanente, las peticiones individuales o colectivas que los ciudadanos hayan presentado ante el Parlamento y las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular pendientes, como es la de protección de las actividades pesqueras y marisqueras.

Tampoco caducan los informes de órganos pendientes de tramitación, en este caso, la Memoria del Consello de Contas de 2022 y los informes de fiscalización que la acompañan; así como la dación en cuenta ante la comisión del estado de ejecución el presupuesto, y los procedimientos de control del principio de subsidiariedad en los proyectos legislativos de la UE.