En las últimas horas se han producido movimientos tectónicos con respecto al futuro de la principal empresa de la provincia de Lugo, dado que Alcoa ha anunciado un posible acuerdo con la compañía energética Ignis para mantener sus operaciones en el complejo de San Cibrao, pero con condiciones para el comité, la Xunta de Galicia y el Gobierno.

Mientras tanto, la representación de los trabajadores anuncia que presentará una denuncia por lo penal contra la compañía por incumplir el acuerdo de viabilidad que permitió en su día apagar las cubas de electrolisis de la fábrica de aluminio, a cambio de inversiones millonarias para modernizar la planta que no han llegado a completarse.

Según la información trasladada por Alcoa a los medios de comunicación, la propia multinacional norteamericana aportaría a ese acuerdo de asociación 75 millones de euros, mientras que IGNIS EQT haría una inversión inicial de 25 millones de euros para financiar las operaciones.

Alcoa continuaría gestionando las operaciones en San Cibrao, mientras que IGNIS EQT tendría una participación del 25 por ciento.

En todo caso, también matiza en un comunicado que “el acuerdo propuesto está condicionado a la cooperación del Gobierno de España, la Xunta de Galicia, los empleados y el comité de empresa” de la factoría de San Cibrao.

La empresa reclama “un apoyo sustancialmente mayor en las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2”, así como “agilizar la tramitación y concesión definitiva de los permisos para el desarrollo y construcción de proyectos de generación de energía eólica, especialmente los vinculados a San Cibrao”.

También, aclara, la “aprobación del proyecto” para la ampliación del depósito de barro rojo (DBR) y “flexibilidad dentro del actual Acuerdo de Viabilidad, incluido el acceso al depósito de garantía para necesidades de caja de las operaciones y el aplazamiento o sustitución de compromisos de capital en proyectos de inversión”.

“Este mismo año, Alcoa inició un sólido proceso de venta al mismo tiempo que trabajaba para identificar soluciones para la viabilidad a largo plazo de las operaciones. A pesar de haber consultado con 60 potenciales compradores, no hubo ninguna oferta viable por el cien por cien de las operaciones” del complejo mariñano, precisa la multinacional.

Horas después de ese anuncio por parte de la compañía, además de convocar un pleno de urgencia -que tendrá lugar este viernes, 18 octubre-, el comité envió una nota de prensa para informar de que ha tomado la decisión de iniciar “los trámites para “llevar a cabo una denuncia por lo penal en lo referente al incumplimiento por parte de la empresa del acuerdo de viabilidad” del complejo industrial mariñano.

“La denuncia se plantea por los posibles delitos de descapitalización, estafa, sustracción de bienes y otros”, precisa el comité, tras haber consultado a “varios penalistas del más alto prestigio y experiencia en otras denuncias por estafa contra Alcoa”.

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dijo que “la Xunta valora el proyecto que Alcoa e Ignis están presentando para preservar la industria del aluminio en Galicia”, porque la “hoja de ruta” muestra un posible “camino de futuro para esta planta y para sus trabajadores”.

Matiza, en todo caso, que “habrá que conocer los detalles de ese acuerdo de colaboración y de los pasos que se vayan a dar en los próximos meses”, porque seguramente “exigirán que todos continuemos trabajando por el futuro de esta planta y de sus trabajadores”.

Este anuncio se une, aclaró, a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de recrecido de la balsa de lodos rojos -residuos tóxicos resultantes de la transformación de bauxita en alúmina-.

“Otra buena noticia, porque va a permitir que se lleve a cabo una actuación que es vital para que la planta pueda continuar con su actividad”, dijo Lorenzana, quien también aseguró que “todos los parques eólicos dependientes de la Xunta de Galicia disponen ya” de esa Declaración de Impacto Ambiental.

Sobre el depósito de barros rojos también se pronunció el comité. Ha informado de que se personará, en este caso como parte interesada, en las “denuncias presentadas por asociaciones ecologistas”, como Petón de Lobo y Ecologistas en Acción.

“Buscan clausurar el depósito” de barros rojos -residuos tóxicos resultantes de la transformación de bauxita en alúmina-, aclaran, “y en consecuencia cerrar el complejo y despedir a todos los trabajadores”.