Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Baleares y Castilla y León –estas cinco últimas regiones están gobernadas por el Partido Popular– solicitaron al Gobierno de Pedro Sánchez el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), que ya fue transferido hace dos años al País Vasco y Navarra.

Así lo comunicó el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria en el Congreso después de que anunciara en diciembre del año pasado que la gestión del Ingreso Mínimo Vital sería puesta en manos de las comunidades que así lo solicitasen.

En este contexto, Cataluña y hasta cinco comunidades autónomas gobernadas por los populares –Galicia, Andalucía, Baleares, Castilla y León y Comunidad Valenciana– mostraron al Gobierno su intención de asumir la gestión del IMV.

Asimismo, el Ejecutivo de coalición liderado por Pedro Sánchez informó que otras regiones como Castilla-La Mancha y la Región de Murcia anunciaron que estudiarán primero las condiciones de esta transferencia.

Este traspaso ya se materializó en 2022 con el País Vasco y Navarra. En el caso de la primera autonomía, supone que el Gobierno Vasco se encargará de la tramitación, el reconocimiento y el pago del Ingreso Mínimo Vital. En la cuantificación económica del traspaso, el País Vasco descontará de su cupo el 6,24% del coste a nivel estatal del Ingreso Mínimo Vital, unos 187 millones de euros en total.