El juzgado de instrucción número 1 de Lugo decretó la apertura de juicio oral por la pieza principal de la operación Pokémon, que sentará después de una década desde su inicio al exteniente de alcalde de Lugo Francisco Liñares y otras diez personas por la adjudicación del servicio de grúa municipal en la capital luguesa.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó este miércoles de la decisión del juzgado que instruye la principal pieza, que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la concesión a la empresa asturiana Cechalva del servicio de grúa de la ciudad de Lugo.
El principal acusado es el exteniente de alcalde de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil Francisco Liñares, para quien Fiscalía pide una condena de nueve años y medio de cárcel y 32 años de inhabilitación por violación de secretos, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
Además del exmandatario municipal del PSOE, que se convirtió en marzo de 2021 en el primer condenado por una causa derivada de la Pokémon, están acusadas otras diez personas para las que se solicitan penas de entre 2 y 7 años de cárcel.
La apertura de juicio oral llega un año y un mes después de que en octubre de 2021 el juzgado de instrucción concluyese la investigación de la principal pieza de la macrocausa iniciada por la jueza Pilar de Lara, apartada años más tarde del número 1 de Lugo por dilaciones indebidas.
Más de una década después de que comenzase una operación que derivó en la investigación de decenas de personas, incluidos varios cargos políticos de distintas corporaciones gallegas y de otras comunidades, la trama principal llegará a juicio con Francisco Liñares como el principal acusado.
El Ministerio Público considera al exmandatario socialista como el principal responsable de la adjudicación fraudulenta en el año 2005 del servicio de grúa municipial a Cechalva, compañía que también figura como acusada junto a otra empresa, Sanle; a las que considera autoras de un delito contable.
El juzgado reduce la lista de procesados a once. Queda exculpada Concepción Ferreiro, la esposa de Francisco Liñares, que figuraba como acusada al cierre de la investigación.
Primer condenado
Así las cosas, el exresponsable del gobierno local lugués, en el que ocupó distintas responsabilidades durante casi una década, se enfrenta a un nuevo juicio después de convertirse en marzo de 2021 en el primer condenado por la Pokémon.
Ahora, Fiscalía pide para él un total de nueve años y medio de cárcel, así como el pago de una multa de 950.000 euros y una inhabilitación durante 32 años. Todo ello por cuatro delitos: cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y violación de secretos de funcionario.
Liñares, el único político que se sentará en el banquillo por esta pieza, estará acompañado en el juicio por otras diez personas, para que las penas oscilan entre los dos y los siete años y medio de cárcel. Esta condena es la que el Ministerio Público demanda para J.M.R., considerado el "enlace" entre Liñares y la empresa que se hizo con el contrato de la grúa. Está acusado de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y de un delito contable.
Estos mismos delitos se imputan a tres socios de Cechalva —M.S.G., J.P.C.E. y J.L.A.A.— paras los que se piden de entre siete años y ocho meses para el primero, seis años y tres meses para el segundo y dos años y tres meses para el tercero.
Otros dos acusados —J.EC.L. y A.P.V.— también están acusados de un delito contable y de otro de falsaedad en documento mercantil, por lo que se enfrentan a peticiones de Fiscalía de dos años y medio de prisión para cada uno.
Además, hay dos sospechosos de blanquear capitales, para los que piden, respectivamente, cuatro y tres años y medio de prisión. Por último, dos personas (entre ellas la única mujer que se sentará en el banquillo) están acusadas de un delito de falsedad en documento mercantil por el que se solicitan, por un lado, un año y nueve meses de cárcel y, por otro, seis meses de prisión.
Asimismo, también serán procesadas las dos empresas implicadas en la trama, para las que la acusación pública demanda una multa de 4.050 euros y la inhabilitación por siete años para obtener subvenciones, ayudas públicas, contratar con el sector público o gozar de beneficios o incentivos fiscales.
Libertad provisional
Para todos los encausados, la jueza confirma confirma la libertad provisional, ya que entiende que no han variado las circunstancias respecto a cuando acordó la medida.
Con todo, determina el abono de fianzas que oscilan entre los 2.400 euros y 1,2 millones, cantidad que se exige para el propio Liñares. Contra la decisión de apertura de juicio oral no cabe la presentación de recurso, salvo en la relacionada con la situación personal de los acusados.
6º-13º
lunes | 30 diciembre | 2024
