El Juzgado de lo Penal Número 1 de Zamora ha acordado inhibirse a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el enjuiciamiento por un supuesto delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad del expresidente de la Diputación de Ourense y presidente del PP en esa provincia, Manuel Baltar, tras acreditarse su condición de senador.

Según han informado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ha quedado acreditada la condición de aforado de Baltar, quien fue elegido senador por designación autonómica el pasado 28 de julio, tres meses después de haber sido cazado a 215 kilómetros por hora un domingo al volante de un coche de la Diputación.

El reglamento del Senado recoge que durante el periodo de su mandato, "los senadores gozarán de inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito" y no podrán "ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente suplicatorio". "Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de senador", agrega.

El auto del juzgado de lo Penal número 1 de Zamora explica que "son muchas las resoluciones" en las que el Alto Tribunal establece su competencia para la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra personas aforadas, "a pesar de haber adquirido su condición de manera sobrevenida". Así, agrega que resulta "por lo tanto competente de forma sobrevenida para el injuiciamiento del juicio rápido la sala segunda del Tribunal Supremo".

Penas 

La inhibición en favor del Supremo se produce tras numerosos intentos de juicio, primero en el Juzgado de Puebla de Sanabria y luego en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital zamorana, donde el político ourensano fue citado para responder por un supuesto delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducir a velocidad superior a la reglamentariamente permitida, tipificado en el artículo 379 del Código Penal.

Este artículo señala que quien condujese un vehículo de motor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, con la de multa de seis a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquier caso, podría imponérsele la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Los hechos se remontan al domingo 23 de abril, cuando Baltar fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación de Ourense.

El PPdeG propuso a Baltar para ser representante de Galicia en la Cámara alta apenas un mes después de que éste renunciase a seguir al frente de la Diputación provincial tras 11 años. Después de no lograr la mayoría absoluta en la corporación provincial en las elecciones del 28 de mayo, buscó así facilitar que su partido pudiese conservarla, según afirmó él mismo.

La renuncia de Baltar permitió un cambio de ciclo en la institución provincial después de más de tres décadas ligadas a su apellido --primero de la mano de su padre, José Luis Baltar, y después bajo su mandato--. Ahora preside la institución el alcalde de O Pereiro de Aguiar, Luis Menor, de la órbita de confianza de la dirección gallega del PP.

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado por hecho, además, que Baltar, quien sigue al frente de los populares en la provincia, no optará a la reelección en el próximo congreso orgánico, cuando éste sea convocado. El dirigente ourensano, en todo caso, no ha cerrado por el momento públicamente esa puerta.