La Consellería de Sanidade ha insistido este miércoles en que la licitación que blinda la derivación de abortos obedece a “una recomendación del Consello de Contas” y, en cuanto al registro de objetores para la realización de abortos, ha instado a los sindicatos a que dirijan sus críticas al Ministerio de Sanidad "por el retraso" en su regulación.

Fuentes de la Consellería han explicado que con la tramitación de la contratación externa se ahorran trámites ya que una sola interrupción que se haga fuera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene que ser licitada.

Pese a esta licitación firmada por la Xunta la pasada semana por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros, la Consellería insiste que de cara a la atención y prestación de servicios al paciente “no cambia nada”.

“Sigue siendo la mujer la que tiene la última palabra” sobre el tipo de centro en el que quiere realizar la interrupción de su embarazo.

Así las cosas, recuerda que el porcentaje de abortos que se realizan en la sanidad privada en Galicia es menos de la mitad de la media de España puesto que a nivel estatal la media de intervenciones en clínicas privadas asciende al 78% mientras en Galicia se sitúa en el 30%.

De este modo, Sanidade reitera que la licitación no altera la forma de prestar el servicio en el Sergas y que “de ninguna manera la licitación supondrá incrementar los abortos en la privada”.

Por otra parte, ha subrayado, ante las críticas de sindicatos y partidos políticos, que el registro de objetores para la realización de abortos “está pendiente de regularse por el Ministerio de Sanidad”. 

De este modo, señala que será el Ministerio a través del Consejo Interterritorial quien propondrá a las comunidades autónomas las condiciones del registro de profesionales objetores.

“El sindicato CIG, y el sindicato nacional de CCOO en vez de apuntar a Galicia equivocadamente, como responsable debe dirigir sus críticas al Ministerio de Sanidad por el retraso en esta importante regulación”, reiteran desde el departamento gallego de Sanidad.

Al respecto, inciden en que los profesionales sanitarios del sistema gallego de salud no objetores están practicando con total normalidad las interrupciones de embarazo, por lo que un cien por cien de abortos “se está haciendo en Galicia sin necesidad de tener que ir fuera de la comunidad autónoma”.

Asimismo, desde la Consellería aseguran que el Sergas está desarrollando planes organizativos para seguir incrementando el número de intervenciones de este tipo que se realizan en la sanidad pública.

Las gerencias de las áreas sanitarias tienen conocimiento de los profesionales que ejercen su derecho de objeción de conciencia a la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, lo que permite esa garantía de realización de intervenciones en centros públicos en las siete áreas sanitarias gallegas, concluyen.