8º-14º
martes | 4 marzo | 2025
El inicio del curso escolar y en el encarecimiento de la vida por la subida de precios protagonizarán el segundo pleno ordinario del curso político en el Parlamento de Galicia, que coincidirá con la celebración del debate de investidura en el Estado al que el PP llega, a priori, sin los apoyos necesarios para hacer que el expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo alcance La Moncloa.
El orden del día de la sesión plenaria que tendrá lugar en el Pazo do Hórreo los días 26 y 27 de septiembre ha sido configurado este martes en la junta de portavoces. El último pleno antes de la celebración del Debate sobre el Estado de la Autonomía (fijado para los días 9 y 11 de octubre) arrancará con la iniciativa legislativa popular que propone corregir la letra del himno gallego para restaurarla a su versión original.
Tras conseguir las firmas necesarias para su debate en la Cámara autonómica, la inicitiva pretende cambiar castellanismos e 'hiperenxebrismos' como ronco/rouco o iñorantes (se escribió ignorantes, en la forma original), así como la deturpación de la expresión original por un "proceso de banalización textual", pasando de 'clan' —pueblo— a 'chan' —suelo-.
A continuación del debate de la ILP, que populares y socialistas no han desvelado si apoyarán, se subirá al estrado del hemiciclo el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para analizar el arranque del curso escolar en los estudios no universitarios.
Una vuelta a las clases marcada para muchas familias por el encarecimiento de los precios, como han resaltado los grupos de la oposición, que aprovecharán el pleno para introducir iniciativas y preguntas con las que pretenden reflejar la "falta de apoyo" de la Xunta a los gallegos que padecen la carestía de la vida.
La crisis de precios es el asunto sobre el que articularán su 'careo' quincenal los portavoces de la oposición, Ana Pontón (BNG) y Luis Álvarez (PSdeG), que centrarán la sesión de control en la necesidad de que la Xunta ponga encima de la mesa medidas "urgentes" para facilitar a los gallegos llegar a fin de mes.
Entre las iniciativas que llevará a la segunda sesión del curso el grupo que sustenta al Gobierno gallego, el PP, destaca la proposición no de ley para reclamar al Ejecutivo central la inclusión del itinerario ferroviario noroeste en el Corredor Atlántico de mercancías, como ha resaltado su portavoz, Alberto Pazos Couñago.
Además, los populares también recabarán el apoyo del Legislativo autonómico para demandar al Gobierno estatal la aprobación del estatuto para las empresas electrointensivas que, como ha remarcado Couñago, fue prometido hace "más de una campaña electoral" sin que todavía se haya concretado.
Los retrasos en la puesta en funcionamiento de los trenes Avril que permitirán extender a todo el territorio gallego la alta velocidad ferroviaria, la flexibilización de la caza para combatir la extensión de las poblaciones de jabalí y el impacto en el sector marítimo de la no aplicación de la rebaja del IVA a los productos del mar son otros de los asuntos que lleva el PP a la sesión de la semana.
Por su parte, el grupo del BNG presenta una proposición no de ley con la que quieren posicionar a la Cámara contra la proliferación de viviendas turísticas en determinadas zonas y otra iniciativa de impulso también vinculada a la modernización del ferrocarril y el corredor atlántico noroeste.
Además, preguntará al Gobierno gallego sobre las consecuencias de los vertidos a la ría de Muros y Noia autorizados a la empresa explotadora de la mina de San Finx —en Lousame (A Coruña)— y sobre el impacto de la avispa velutina, así como sobre la situación de la empresa Celsa y su factoría en A Laracha (A Coruña).
Por último, los socialistas cuestionarán al Gobierno gallego sobre la paralización de un expediente por parte de Augas de Galicia "durante meses" y que, según Luis Álvarez, retrasó las obras de construcción de la autovía A-54, que une Santiago y Lugo y que acumula años de demora.
Asimismo, solicitarán a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que su departamento lleve a cabo una investigación "rigurosa, exhaustiva y neutral" sobre las supuestas filtraciones a residencias de mayores a las que, según denuncias de los sindicatos, se les avisaba de las fechas de inspecciones.
