El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer que su Gobierno recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de costas para mantener la actividad económica y garantizar el empleo en el litoral.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Rueda señaló que su Ejecutivo dio luz verde a esta decisión a la que ya se habían comprometido con los representantes de la cadena mar-industria.

El Gobierno gallego adoptó esta decisión con el objetivo de defender la viabilidad de la actividad de este sector frente a las “medidas cada vez más restrictivas” que impone el Ejecutivo central que, a su juicio, busca “erradicar” cualquier actividad humana y económica del litoral.

Empresas "en riesgo"

“No tiene ningún sentido esta normativa, se pueden hacer las cosas mucho mejor y, por tanto, tenemos que recurrir” porque la modificación es “absolutamente perjudicial” para las empresas gallegas, justificó. 

En este sentido, hizo referencia a la eliminación de las prórrogas extraordinarias de todas las concesiones de actividades económicas.

Estas cuestiones ya están afectando a las empresas gallegas pues, según la Xunta, la normativa del Gobierno ya puso “en riesgo” a 4.000 edificaciones pertenecientes a 82 municipios, incluidas un centenar de empresas de la cadena mar-industria.

A este hilo, el presidente gallego consideró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva tiempo “esperando” a la entrada en vigor de esta modificación ya que a lo largo de los últimos años no había dado respuesta a varias empresas que llegaron a pedir “hasta 18 prórrogas”.

De este modo, “quedan en limbo jurídico y ya se están produciendo muchas paralizaciones de actividad” con familias que incluso se han “enterado por el Catastro” de que sus propiedades ahora son propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, defendió la decisión adoptada por la Xunta y confió en que el recurso prospere ya que desde Galicia “no podemos hacer otra cosa” después de haber intentado que el Gobierno les transfiriese las competencias del dominio público marítimo-terrestre.

Al respecto, reprochó que el Ejecutivo ni tan siquiera diese respuesta al dictamen en el que se le solicitaba el traspaso.