La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la Xunta "no se niega" a la declaración de zonas de alquiler tensionado, aunque "no lo va a hacer de oficio", y ha pedido a los ayuntamientos que "avalen con documentos" la solicitud.

Así se ha manifestado a preguntas de los medios este lunes en una visita al Biopolo de A Sionlla, donde ha apuntado que de Santiago de Compostela no les ha llegado ninguna solicitud y de A Coruña les llegó "una instancia" a la que han solicitado documentación que, tal y como ha asegurado, "todavía" no ha llegado al departamento autonómico.

Sobre la postura de la capital gallega, Ángeles Vázquez ha insistido en que "lo que tiene que hacer la alcaldesa", Goretti Sanmartín, es "trabajar". "Si ella quiere dar respuesta al mercado tensionado, lo primero que tiene que hacer es solicitarlo. No hay solicitud en la Xunta, no existe instancia ni solicitud, lo único que existe es una declaración de intenciones que se hace a viva voz", ha criticado.

Asimismo, Ángeles Vázquez ha reiterado que "hay que cumplir la ley", que puede parecer "más o menos estricta". Con todo, ha afirmado que esta normativa "consecuencias buenas no va a tener ninguna".

En este contexto, ha señalado que lo que tiene que hacer cada ayuntamiento es "analizar qué zona quiere declarar como zona tensionada". Para ello, ha detallado, "tiene que saber el número de grandes tenedores en esa zona, y solo en aquellos pisos o viviendas que llevan más de 5 años sin alquilar se les puede topar el precio".

También ha recordado que hay que "perimetrar", facilitarle a la Xunta esa información y "planificar a lo largo de unos años cómo le va a dar solución", así como "destinar el 20% de suelo público a vivienda pública". "Eso es lo que tienen que hacer, no sé si les parece complicado o no", ha aseverado.

En esta línea, ha avanzado que en el caso de Galicia "menos del 5% son grandes tenedores", mientras que "el 95% restante son personas de a pie, de los cuales de ese 95% el 35% de los propietarios de pisos que alquilan son jubilados".

A partir de ahí, ha opinado, lo que hay que hacer es "dar seguridad jurídica, para que aquellos pisos que están vacíos puedan salir a alquilar". Es en ese punto en el que la vicepresidenta segunda entiende que hay que "trabajar, profundizar y agilizar las licencias para que los promotores no estén dos o tres años sin poder construir".