La Xunta subastará más de 140 bajos comerciales y 370 plazas de garaje, el 80% en las ciudades

La Xunta subastará más de 140 bajos comerciales y 370 plazas de garaje, el 80% en las ciudades
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de la reunión del Consello / Lavandeira Jr (EFE)

La Xunta sacará a subasta 369 plazas de garaje y 142 bajos comerciales para alquiler o compra ubicados en edificios de promoción pública de titularidad autonómica, el 80% de ellos situados en ciudades gallegas.


Se trata de una puja que llevaba sin ser convocada desde el año 2016 y que será activada próximamente por la Administración autonómica, como ha sido acordado en la reunión del Consello de la Xunta de este jueves.


Según ha explicado en la comparecencia de prensa el presidente gallego en funciones, Alfonso Rueda, el Gobierno autonómico estima una "demanda importante" de cara a este proceso, dado que "la mayoría" de los inmuebles donde se ubican están en ciudades.


Los bajos y plazas de garaje saldrán a subasta para su alquiler o venta, con prioridad aquellos que apuesten por una adquisición. Además, si una plaza de garaje tiene varios interesados, tendrán preferencia los residentes en el edificio.


Así las cosas, el proceso quedará abierto con la publicación "en las próximas semanas" del procedimiento en el Diario Oficial de Galicia, con el que quedará fijado un calendario que se divide en una primera parte en la que podrán participar en la puja las personas que presenten como garantía una fianza que equivaldrá al 3% del valor de su oferta.


Estas ofertas, para las que se fijará un precio de referencia, serán abiertas en un acto público en el que será elegida la de mayor valor económico. En caso de empate, se abrirá una puja abierta a los interesados para derimir a quién se le adjudica.


Los bajos comerciales deberán ser destinados a la actividad descrita en la oferta, que "no puede ser potencialmente peligrosa, nociva, molesta o insalubre, ni ir en contra de lo establecido en los estatutos de la comunidad de propietarios y en las ordenanzas municipales".


Los alquileres de estos locales serán por un tiempo de siete años, prorrogables por un período de un año; mientras que en el caso de las plazas de garaje será de un año, también prorrogable al final de cada ejercicio con actualizaciones del IPC.


De este modo, los precios van de los 3.700 euros para el local en venta más barato -ubicado en Ortigueira (A Coruña)- a los 402.306 euros del más caro -disponible en Ferrol-. En el caso de alquiler, parten de los 111 euros de un bajo también en Ortigueira a los 12.600 euros de otro en Ferrol.


Entre las plazas de garaje, los precios oscilan de los 2.600 euros en Ferrol a los 18.516 en Santiago para la compra y de los 78 en Ferrol a los 720 euros en Vigo para las plazas en alquiler.


El 80% en las ciudades

El presidente en funciones ha resaltado que el 80% de las plazas y locales que saldrán a subasta están ubicados en inmuebles de urbes gallegas, por lo que espera que despierten "una gran demanda".


Así, de los 142 bajos, 91 se encuentran en los municipios de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. Además, 319 de las 369 plazas de garaje están en las siete grandes ciudades, con las 106 de Pontevedra y las 90 de Ferrol a la cabeza.


Agilización de trámites

Por otro lado, el Consello de la Xunta de este jueves también ha dado avances en la tramitación del decreto que pretende homogeneizar el funcionamiento de las entidades de certificación urbanística que tienen la capacidad de emitir informes vinculantes sobre licencias de obra y edificación.


La medida se enmarcar en el objetivo de apoyar el trabajo de las áreas de urbanismo de los ayuntamientos, donde, en palabras del presidente en funciones, se acumulan "notables retrasos".


Por ello, el decreto que será sometido a información pública a partir de este viernes delimitará el contenido que deben tener para cada tipo de actuación las certificaciones sobre el cumplimiento de la normativa y de la planificación vigente.


Además, también supondrá la unificación de la documentación a revisar en cada caso y fijará un mecanismo de conformidad para que los ayuntamientos manifiesten si están de acuerdo con que este tipo de entidades acreditadas colaboran en la tramiación de determinados procedimientos.  

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