La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantendrá el seguimiento a la queja por los 379 asesinatos de ETA aún sin resolver y compartirá con los negociadores de la futura directiva de víctimas el informe que los eurodiputados elaboraron tras una misión sobre el terreno que incluía recomendaciones a España, en las que, sin embargo, no se han registrado avances.

El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia e hijo de un asesinado por ETA, Daniel Portero, acudió en esta ocasión a Bruselas a defender una reclamación que lleva vigente desde 2017 y por la que el Parlamento Europeo ya envió dicha misión a Madrid y el País Vasco en 2021.

El informe resultante de esa misión, publicado en 2022, recomendaba a España explorar la posibilidad de reconocer los crímenes de la banda terrorista ETA como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables o de legislar para que los beneficios penitenciarios y el tratamiento a los condenados por terrorismo se vinculen a su colaboración en la resolución de casos aún abiertos.

Portero, también parlamentario del PP por la Asamblea de Madrid, denunció que si el 44 % de los asesinatos de ETA sigue sin resolver es por la falta de "ímpetu" por hacer algo y advirtió de que España no ha cumplido las recomendaciones que le transmitió el informe de los eurodiputados.

Entre sus reclamaciones, pidió a los eurodiputados que presionen al Ministerio del Interior para que equipare las leyes de víctimas del franquismo a las del terrorismo y que hagan lo propio con la Fiscalía para que sigan investigando asesinatos aunque hayan prescrito, una de las recomendaciones no cumplidas del informe de 2022.

Aunque la Comisión Europea mantuvo que no tiene competencias para intervenir en la gestión del sistema judicial de un Estado miembro o en las decisiones de sus tribunales, la mayoría conservadora en este órgano parlamentario se mostró favorable a que se siga dando trámite a estas quejas a nivel comunitario.

"Las víctimas han pedido la verdad sobre lo ocurrido. Esto es esencial para su duelo y es una cuenta que la democracia española tiene que saldar. Por eso seguimos exigiendo el máximo esfuerzo de todas las instancias competentes para que efectivamente estos casos puedan ser resueltos", incidió el popular Javier Zarzalejos.

Desde Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa -hermana de un asesinado por ETA- se mostró de acuerdo con que "no es una cuestión sólo de víctimas", sino que afecta a toda la sociedad porque "el del terrorismo es el crimen más público y más político que puede existir".

"Tenemos que ser muy duros contra quien es el principal responsable de que dos años después de un informe que costó una misión, unas conclusiones y un trabajo de gran calidad y de esfuerzo no se haya hecho nada. Es quien ostenta la dirección política en España, que es el Gobierno de la nación. Es un problema de voluntad política. Si no se quiere, no se hace", manifestó Jorge Buxadé (Vox).

Desde el PSOE, Cristina Maestre coincidió con el resto de eurodiputados en que "hay una cuenta pendiente con esas víctimas" pero advirtió de que será probablemente complicada de resolver fruto de la falta de indicios en la mayoría de asesinatos sin resolver, cometidos en los llamados "años de plomo" de la banda terrorista, a finales de los 70 y principios de los 80.

"No hay una cuestión política, no hay una cuestión de indolencia, no hay cuestión de ningún tipo. Simplemente se responde a la realidad de una época que era muy complicada en España y de la que afortunadamente hemos conseguido salir", dijo Maestre, que instó a "dejar actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia" en España. EFE

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