13º-16º
martes | 19 noviembre | 2024
Un año después de que los talibanes retomaran el control de Afganistán tras la retirada de las tropas internacionales, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha documentado en un informe las "flagrantes violaciones de los derechos humanos" que ha perpetrado su régimen.
El trabajo de la organización pone de manifiesto la impunidad generalizada ante crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes.
En el documento titulado "Un año de violencia, impunidad y falsas promesas", AI constata que la situación sobre el terreno es completamente distinta a la que anticipaban los líderes talibanes en agosto de 2021, cuando aseguraban que se respetarían los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, entre otros aspectos.
"Se comprometieron públicamente a proteger y promover los derechos humanos. Pero la velocidad a la que están desmantelando 20 años de avances en materia de estos derechos es impresionante", señala Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.
"Toda esperanza de cambio se ha desvanecido mientras los talibanes tratan de gobernar mediante la represión violenta con total impunidad", lamenta.
Los talibanes han restringido el derecho a la educación, oscureciendo el futuro de millones de niñas afganas, sostiene Amnistía Internacional, que alerta demás de que las autoridades "someten a las mujeres a una violencia creciente", en ocasiones como una forma de castigar a sus familiares.
Decenas de mujeres han sido detenidas y torturadas por participar en protestas pacíficas para exigir sus derechos, en medio de restricciones crecientes que les han despojado de sus libertades, describe la organización humanitaria.
"No debemos quedarnos de brazos cruzados, mirando mientras colapsan los derechos humanos de toda una población. Una respuesta internacional firme, significativa y unida es la única esperanza de poner fin a la pesadilla que el pueblo afgano soporta desde hace ya un año", afirmó Mishra.
En los últimos doce meses, AI ha recibido "informes generalizados" sobre soldados talibanes que golpean y torturan a personas por considerar que han infringido edictos talibanes o a las que acusan de trabajar con el Gobierno anterior.
Cientos de personas civiles han sido detenidas arbitrariamente. "A muchas las golpean con culatas de fusiles o las azotan durante el arresto", relata el informe.
Amnistía recoge el testimonio de Sahiba, una manifestante a la que identifica con un nombre ficticio que narró cómo fue detenida ilegalmente y salió de su presidio llena de hematomas.
"No hubo tribunal, no hubo cargos y no hubo garantías procesales. Nos secuestraron en las calles, nos tuvieron en una cárcel privada varios días, durante los cuales no tuvimos acceso a nuestra familia, abogado ni a ninguna otra autoridad", explicó.
"Algunas de las mujeres y niñas que estaban en la misma habitación que yo nunca volvieron y ninguna de nosotras supo qué les había pasado”, aseguró.
Más de 80 periodistas fueron detenidos y torturados por informar sobre protestas pacíficas durante el pasado año.
"Me pegaron y azotaron tanto en las piernas que no podía ponerme de pie. Mi familia firmó un documento prometiendo que yo no hablaría sobre lo que me había pasado una vez que saliera en libertad, si lo hacía, los talibanes tendrían derecho a detener a toda mi familia", explicó uno de esos periodistas.
Amnistía Internacional advierte además de un uso excesivo de la fuerza por las autoridades afganas cuando tratan de imponer la prohibición de protestas pacíficas.
En varias grandes ciudades, las fuerzas de seguridad dispersaron protestas pacíficas golpeando y disparando a manifestantes desarmados.
Pocas semanas después de que los talibanes tomaran el poder, AI tuvo conocimiento de casos de personas afganas no pastunes desalojadas forzosamente de sus casas y tierras para que los talibanes pudieran premiar a sus seguidores con tierras arrebatadas a otros grupos étnicos como el hazara, el turcomano y el uzbeko.
La organización humanitaria tiene constancia de denuncias de desalojos en todo el país y, en junio de 2022, la ONU calculaba que la cifra de personas afganas desplazadas había aumentado a más de 820.000.
Amnistía subraya además que en agosto de 2021, los talibanes mataron a 13 personas de etnia hazara, entre ellas una joven de 17 años, en la provincia de Daikundi.
