El presidente de la comisión de investigación del Parlamento Europeo (PE) sobre el caso Pegasus, Jeroen Lenaers, defendió hoy la tesis de que Marruecos espió los teléfonos móviles de algunos miembros del Gobierno española pesar de no tener “pruebas irrefutables”.

La comisión presentó el lunes sus conclusiones tras catorce meses de trabajo, en las que apuntó a Marruecos como “posible” responsable del espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“En mayo de 2022, una información del diario ‘The Guardian’ identificó a Marruecos por espiar posiblemente más de 200 teléfonos móviles españoles. El Gobierno confirmó que Sánchez, Robles y Marlaska, igual que el caso del presidente francés (Emmanuel Macron), fueron infectados con el programa Pegasus”, señalaron los eurodiputados. “¿Tenemos la prueba irrefutable de lo que hizo Marruecos? No. Pero hay mucha información valiosa que se puede compartir y hay muchos motivos para mirar con detalle el papel de Marruecos en todo este contexto”, respondió hoy Lenaers, del Partido Popular Europeo. La ponente del informe, la liberal Sophie in ‘t Veld, dijo que “se ha visto muy poco” desde que en España y Francia se iniciaron pesquisas judiciales para investigar la posible implicación de Marruecos.

El caso catalán.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, denunció hoy que el espionaje mediante Pegasus representa “una grave amenaza para la democracia europea”.

La comisión de investigación asumió también hoy que fueron las “autoridades españolas” quienes espiaron a políticos independentistas catalanes, a 18 de ellos con autorización judicial, aunque puso en duda la proporcionalidad de las escuchas. Puigdemont aseguró que el informe “se queda corto” a causa “de los intereses de las grandes familias políticas” con representación en el Parlamento Europeo.

Por ello Puigdemont se abstuvo en la votación del informe y votó en contra de las recomendaciones, al quedar “desdibujado” el “concepto de víctimas” y definir el sistema judicial español como “independiente”, explicó.