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viernes | 20 diciembre | 2024
El proceso por los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasil tuvo un nuevo capítulo ayer con la detención de Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro y acusado de estar vinculado al intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Torres fue acusado de “presunta omisión” por las autoridades, pues era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales, sin mayor resistencia policial, asaltaron el domingo pasado las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia.
Torres fue arrestado en la mañana de ayer en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami.
El exministro prestó declaración ayer mismo pero el contenido se mantendrá bajo secreto, según informó la Policía Federal. Torres asumió el comando de la seguridad de la capital del país el 2 de enero y cinco días después, y sin explicaciones, se fue de vacaciones a Estados Unidos, por lo que no estaba en Brasil cuando se produjeron los disturbios.
No obstante, la posibilidad de que se registraran ataques por parte de radicales fue advertida por la Agencia Brasileña de Inteligencia el 6 de enero, un día antes que Torres abandonara el país.
Pese a las advertencias, el esquema de seguridad dispuesto no contó con suficientes uniformados para contener a los radicales, que derrumbaron las barreras que impedían el acceso al sector donde se levantan las sedes de los tres poderes.
A la acusación de posible omisión se suma un polémico documento encontrado en su residencia durante un allanamiento ordenado por el magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, en la misma sentencia en la que determinó su arresto.
Se trata del borrador de un decreto presidencial que habría permitido al ahora expresidente Bolsonaro intervenir la justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Lula.
En mensajes publicados por las redes sociales esta semana desde Estados Unidos, Torres repudió los ataques, alegó que existía un plan de contigencia en caso de actos violentos por las marchas y dijo que el documento encontrado en su residencia fue “filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra.
Por las redes, el exministro también dijo que se pondría a disposición de las autoridades porque está “seguro que la verdad prevalecerá”.
Vídeos divulgados en las redes sociales también dejaron ver la presunta connivencia de uniformados en los actos vandálicos, algo que también sospecha hasta el mismo Lula. “Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir que alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo esta semana durante un desayuno con la prensa en Brasilia.
La seguridad de Planalto depende tanto de la Guardia Presidencial, un batallón del Ejército, como de los agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, algunos de los cuales aparecen en vídeos confraternizando con los asaltantes. En el mismo tono se pronunció este viernes Flávio Dino, actual ministro de Justicia, quien en una rueda de prensa aseguró que el documento encontrado en la casa de Torres evidencia que hubo una “planificación” de los ataques.
Por la intentona de golpe fueron detenidas más de 1.800 personas y se abrieron siete investigaciones, incluyendo algunas contra políticos y empresarios acusados de incentivar o financiar a los manifestantes.
Entre ellos figura el expresidente Bolsonaro, quien está en Estados Unidos y cuyo nombre fue incluido por la Corte Suprema entre los investigados como posible autor intelectual. Para ello se basó en un vídeo que compartió Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, dos días después del asalto, en el que se siembran dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones.
El líder ultra eliminó ese vídeo horas después.
