El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantiene el pulso con la Justicia tras el fallo del viernes del Tribunal de Roma que cuestiona la viabilidad del traslado de migrantes a centros cerrados en Albania, pero tensa la cuerda para seguir su plan con mensajes de crispación ante el poder judicial italiano, al que busca sortear con una ley exprés.

Pese a la sentencia del Tribunal de Roma, que ordenó traer a Italia a los 12 migrantes que seguían en centros de retención en Albania, Meloni no quiere renunciar a un plan de externalización migratoria sin precedentes en Europa, y el lunes podría aprobar un decreto-ley de adopción casi inmediata en el Consejo de Ministros para blindar su proyecto ante la Justicia.

Todo ello preocupa a expertos jurídicos y de derechos humanos consultados por EFE, como Gennaro Santoro, abogado que defiende a un migrante egipcio que está entre la docena de personas que el sábado fueron sacadas de Albania y traídas a Italia por el fallo judicial.

El pacto con Albania "es contrario a la Constitución italiana, no se puede retener a migrantes en el extranjero", asegura Santoro, que denunció que las autoridades ponen trabas para ejercer la legítima defensa de su cliente, con el que no pudo hablar hasta este domingo.

Tras el revés por el fallo de la corte de Roma, el Ejecutivo actúa "sin argumentos jurídicos porque no puede ir más allá de lo marcado por la Constitución y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", pero ahora "polariza el discurso, divide y usa la estrategia clásica de crear un enemigo", en este caso los jueces, remarca el abogado.

Según agrega, "la única vía que tiene es culpar a los magistrados de 'tener las togas rojas'" y ser de izquierdas, como hizo ayer el vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, en una entrevista de cuatro minutos en el informativo de la cadena pública RAI.

Su intervención fue criticada este domingo por la oposición y el principal sindicato de periodistas de la televisión, Usigrai, que consideró que la cadena dejó sitio a la "propaganda" de Salvini al darle un largo espacio de emisión para atacar directamente a la Justicia.

La líder del Partido Demócrata (PD), el principal de la oposición, Elly Schlein, también lo criticó, y consideró que la RAI actuó como "megáfono" del Gobierno.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Francesco Savino, intentó calmar las cosas este domingo y pidió "prestar atención al choque entre poderes".

"Cuando los poderes no se respetan, el corazón de la democracia está en riesgo", dijo Savino, que pidió respeto a los migrantes y aseveró que "no son paquetes para ser arrojados de un lado a otro".

También la sección italiana de Amnistía Internacional (AI) ha expresado su preocupación ante el hecho de que el Gobierno de Meloni quiera seguir adelante con su plan de externalización de la migración a Albania.
"Este sistema no puede ser legitimado, ya que supone prácticas que vulneran el derecho internacional y los derechos humanos", dijo a EFE Serena Chiodo, experta en migración de AI.

Según alega, "los costes humanos y económicos de este plan son altísimos", y desde que se comenzó a aplicar estos días, la gestión de las autoridades muestra "grandes lagunas", como el hecho de que Italia llevó a Albania a dos menores y dos personas con perfiles de vulnerabilidad, algo que el propio acuerdo con Tirana prohíbe.

"El Gobierno defiende que este pacto con Albania busca disuadir a la migración, pero en un contexto internacional de fuerte crisis se deben adoptar políticas que permitan obtener asilo o una vida mejor en condiciones reguladas y seguras" a cualquiera, asegura Chiodo.

Para esta experta, la cuestión va más allá de Italia y sigue la deriva de la Unión Europea (UE) y el llamado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que prevé "la constante externalización de fronteras" y se debe adoptar a partir de 2026.

"Es la UE quién dicta la línea. Italia seguramente solo se ha adelantado en su pacto con Albania y ha adoptado medidas concretas para esta política", considera Chiodo.

Según Federica Borlizzi, abogada de la Coalición Italiana para la Libertad y Derechos Civiles, si el Gobierno de Meloni persiste en su plan de traslado de migrantes a Albania, se instalará en la ilegalidad.
Es un "sistema infernal", un "Guantánamo italiano", y el fallo judicial que lo puso en cuestión lo evidencia, recalcó Borlizzi.