Nada como un buen ‘affaire’ de espionaje para calentar las portadas de los periódicos y el interés de los lectores. Y para avivar el languideciente clima en el Legislativo. Preveo esta semana una auténtica batalla parlamentaria en torno a ese desdichado ‘catalanGate’, un escándalo que, lejos de remitir, se espesa y, lejos de aclararse, se oscurece.

Y eso que la política española también se adensa. Pero, desde los efectos de las elecciones francesas hasta la posible convocatoria de comicios en Andalucía, pasando por el plan gubernamental ‘anti guerra’, todo quedará eclipsado esta semana por las derivas del estallido del ‘caso Pegasus’: el control, presuntamente al margen de la autorización judicial, ordenado quién sabe por quién, sobre personajes de la vida pública catalana. Un escándalo mayúsculo.

Tiene el Gobierno central que demostrar al Govern catalán que nada ha sido ilegal, que los servicios secretos españoles no actúan al margen de la ley, cosa que, dicho sea de paso, la historia nos muestra que de ninguna manera ha sido siempre escrupulosamente así. Será la titular de Defensa, Margarita Robles, que acumula una buena dosis de prestigio en su trayectoria, quien, sobre todo, haya de encerrarse en el Parlamento con el peligroso morlaco, con la queja indignada de los grupos nacionalistas de la Cámara. Contando, además, con la inquina que el ‘socio’ Podemos mantiene contra la magistrada devenida en ministra sin carnet en el Ejecutivo de Pedro Sánchez; no, Podemos no va a apoyar a Robles. Tampoco ahora.

El presidente mantiene su silencio, el Centro Nacional de Inteligencia, que comanda una absoluta desconocida como Paz Esteban, es un muro de hermetismo, lo que, a primera vista, podría parecer lógico, pero no es ni eficaz ni operativo. Y tiene que ser ella, ‘Marga’ Robles, la que defienda el prestigio de los servicios secretos, la que procure convencer al frente independentista, esta vez unidos ERC y Junts contra la violación de su intimidad, de que el Gobierno nada ha tenido que ver con la ‘operación Pegasus’. Difícil tarea.

¿Hasta dónde llegan los métodos de la defensa del Estado frente a riesgos para su integridad territorial como los que planteaba el independentismo en 2017? ¿Son aceptables las violaciones de la intimidad, al margen de una orden judicial, para mantener al Estado informado de lo que maquinan los enemigos de ese Estado? Y, sobre todo, ¿son los independentistas enemigos del Estado, o es el Estado quien tiene que aprender a convivir con ellos, en la ‘conllevanza’ que decía Ortega? Son cuestiones que se plantean en un debate crucial, que probablemente no ha hecho más que comenzar.

Tengo muchas más preguntas, como si el Parlamento, en su estructura actual, puede actuar eficazmente para esclarecer y apaciguar los presuntos excesos del Ejecutivo. Ya digo que es previsible una batalla parlamentaria en la sesión de control al Gobierno, el miércoles: habrá, al menos, una pregunta de Gabriel Rufián, de ERC, dirigida al presidente del Gobierno acerca de si piensa investigar ‘el caso de espionaje político’. Y otra de la diputada de la CUP Mireia Vehí a la ministra de Defensa, preguntando, sin presunción de inocencia, “qué razones pueden tener los servicios de inteligencia españoles para investigar a la oposición política independentista catalana y vasca”. Y el diputado de Bildu Jon Iñarritu formulará una pregunta similar al titular de la Presidencia, Félix Bolaños. Lo mismo que el peneuvista Aitor Esteban o la diputada de Junts Miriam Nogueras harán, de nuevo, con la señora Robles. Incluso el representante de Ciudadanos Edmundo Bal interroga a la ministra, aunque más indirectamente: ¿qué actuaciones ha llevado a cabo este Gobierno en materia de seguridad nacional respecto a la amenaza separatista?

Seis preguntas que requieren contestación.