La política nacional se adentra en territorios cada vez más surrealistas. Véase la reacción del Gobierno contra las tesis del CGPJ las que nos previenen de los peligros de la venidera ley de amnistía para el funcionamiento del Estado de Derecho.
“Desleal”, dice la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Entre otras cosas, alude al carácter de órgano “caducado” desde hace cinco años. O, sea como el Gobierno, aunque este solo lleve caducado algo más de tres meses. Así que un Gobierno provisional arremete contra un CGPJ provisional por cuenta de una ley que no existe. ¿No es todo un despropósito?

Menos surrealista pero igualmente desalentador es el debate sobre los ardores callejeros contra los planes del Gobierno en funciones. Mientras hablamos del vandalismo ante las sedes del PSOE no hablamos de la extraña situación que se vive en un hotel de Bruselas. Allí un perseguido de la justicia, Carles Puigdemont, sigue toreando a los enviados especiales de Sánchez. Se lo puede permitir porque la matemática parlamentaria y la voluntad política del aspirante a repetir en la Moncloa le han regalado la oportunidad de elegir la tonada del gaitero que pagan otros.

Las actitudes provocadoras y el vandalismo de los ultras en el asedio a la sede central del PSOE nos distraen del problema de fondo. Lo mollar del debate sobre los choques de los antidisturbios con los cafres empeñados en radicalizar estas manifestaciones es que tapan el hecho de que el Gobierno en funciones, en plena campaña por una prórroga de cuatro años más, está perdiendo la batalla de la opinión pública.

Uno lleva mucha carretera a la espalda para dejarse enredar ahora en esas coartadas que sirven para encubrir realidades incómodas que no se ajustan a nuestros propósitos. Los intolerables insultos a Sánchez o a  Marlaska, la exhibición de banderas inconstitucionales o los excesos de una minoría alborotadora desactivan a la mayoría dispuesta a expresar pacíficamente su repulsa a la operación “amnistía por investidura”.

Son como los botes de humo de los antidisturbios. En este caso no se lanzan para dispersar a los alborotadores sino para cancelar la reseña de que la calle se está calentando contra los planes del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE. Excusas perfectas para desviar la atención respecto al creciente cabreo de la gente por una operación de partido (atornillar a Sánchez en la Moncloa a cualquier precio) que se percibe llamada a generar males mayores que una carga policial o una indebida conducta de los adversarios políticos, presentados como culpables de instigar la revuelta ante las sedes del PSOE.