Tomo prestado el título de un hallazgo expresivo de Alsina. Me protege de los enredos verbales utilizados por la apisonadora política y mediática de la Moncloa formada a mayor gloria de un dios menor. Su biblia es un manual de instrucciones con la mentira al servicio de la inconsistencia que rompe la cintura de militantes y votantes del PSOE de siempre.

Uno de sus persistentes lugares comunes del argumentario es la sistemática desautorización del PP como fuerza instalada en el obstruccionismo al Gobierno “legítimo” porque no acepta el resultado de las elecciones. “No es que el PP ponga palos en la rueda, es que pone troncos, como el de su negativa a renovar el CGPJ”, explicaba este viernes en la radio la nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Así, el también ministro Bolaños y la también ministra socialista de Educación y Deportes han respaldado a los socios de Sumar, liderados por Yolanda Díaz, vicepresidenta del Ejecutivo, que han puesto una querella contra los 10 vocales del CGPJ propuestos por el PP (el presidente votó en blanco), por supuesta “prevaricación administrativa”, a la luz de lo previsto en el artículo 404 del Código Penal.

Aquí, la chatarra argumental funciona haciéndonos creer que la querella del grupo parlamentario de Sumar parte de su autonomía como fuerza política. A nadie se le oculta que el Gobierno la comparte, pues también entiende que los vocales conservadores del CGPJ han prevaricado por manifestarse contra la ley de amnistía que ni siquiera existe. De momento solo es una “proposición de ley orgánica”.

Pero el fondo de la cuestión no es el momento procesal de la tramitación. Tampoco el hecho de que, aún como borrador, la iniciativa degrada el Estado de Derecho al convertirlo en “objeto de mercadeo al servicio de un interés personal” (el de Sánchez, se entiende).

El verdadero fondo de la cuestión es que la querella de Sumar ha de verse en el Tribunal Supremo. Leña al fuego. El conflicto de poderes está servido. Un paso más en los enfrentamientos institucionales generados desde que la aritmética parlamentaria obligó a Pedro Sánchez a entenderse con los enemigos del vigente orden institucional.

No olvidemos que con anterioridad el Tribunal Supremo había acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de “desviación de poder” por haber nombrado fiscal de sala a la ex ministra de Sánchez, Dolores Delgado. El caso es que Moncloa hizo oídos sordos y, lejos de encajar la amonestación, lo que hizo fue amnistiar por anticipado al fiscal general ratificándolo en el cargo para la legislatura recién nacida.
No hace falta recordar que la Fiscalía no es estrictamente Poder Judicial y que en el ecosistema político-mediático el fiscal general está visto como una terminal política del Gobierno. “Pues eso”, que diría Sánchez.