Se cumplió el primer aniversario de las corporaciones locales y en este tiempo solo se produjeron cambios en las alcaldías de seis municipios gallegos: una moción de censura en O Irixo y los demás relevos fueron debidos a “ascensos políticos” de los regidores, casos de Lugo, Cervo y A Estrada, y a dimisiones por motivos de salud o cansancio del titular. La primera conclusión de un año de gobierno municipal es que los concellos funcionan bien, sin grandes desacuerdos. Es una de sus fortalezas.

Por contra, varios concellos, sobre todo los de las ciudades, arrastran dos debilidades debidas a negligencias o mala gestión: las deudas con los proveedores y los retrasos en la concesión de licencias.

Las deudas a los que les prestan servicios es una noticia periódica en los medios y afecta a todas las ciudades que liquidan las facturas siempre fuera del plazo fijado por la ley. Ahí van unos ejemplos.

Los concellos de A Coruña adeudan 73,2 millones en facturas sin liquidar -cifra del mes de junio- y los proveedores están con el agua al cuello por los impagos. De este volumen de deuda, 17,26 millones corresponden al concello de Santiago que tiene la honra de ser el municipio gallego en el que las facturas sin pagar alcanzan el mayor importe, superando claramente a las demás ciudades gallegas. Su interventor acaba de pedir que el Concello mejore la gestión de pagos y revierta la morosidad.

Da la impresión que alcaldes y ediles de los concellos deudores no conocen las tribulaciones de la mayoría de las empresas y autónomos que les prestan sus servicios, que se quejan con razón. “Llevamos meses sin cobrar y no sabemos si llegaremos al verano, siempre dicen que el pago de las facturas irá al pleno, pero por una causa u otra no va”, decía hace dos meses un autónomo que recogía el sentir de muchas pequeñas empresas y colegas pendientes de cobrar facturas que les adeudan. Las consecuencias son “la imposibilidad de hacer las inversiones que teníamos previstas… A algunos proveedores nos supone un 70 u 80% de la facturación y estamos a punto de cerrar con la consiguiente pérdida de empleos…”.

Los proveedores merecen respeto, ellos entregan su trabajo para que los concellos solucionen las necesidades de la gente. Viven de su oficio, crean empleo para mantener  familias y generan riqueza para la sociedad. Pagarles en tiempo y forma es de justicia porque para ellos una deuda 10 o 15 mil euros es tan insoportable que puede abocarles al cierre de su actividad.

De modo que, señores alcaldes, en paralelo a la humanización de calles, al cuidado de  jardines o la organización de eventos para su lucimiento, ¡paguen a los proveedores! Ganaron el dinero trabajando y su trabajo debe ser retribuido.

Queda para otro día comentar otra debilidad: el retraso de las licencias municipales y sus consecuencias.