La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno parece dispuesta a liquidar al tejido productivo de este país. A Yolanda Díaz no le basta con volver a subir el SMI, lo que expulsará del mercado laboral a jóvenes, trabajadores del campo o empleadas de hogar como ya se ha demostrado tras las anteriores subidas. Ahora pretende, incluso sin acuerdo con los empresarios, reducir la jornada laboral sin tocar los salarios, poner freno a los contratos a tiempo parcial e incluso promover la participación de los trabajadores en las empresas, también en los consejos de administración. La guerra contra empresas y autónomos no parece tener fin a pesar de que los datos de los últimos meses no son precisamente los mejores. Las ventas de las empresas volvieron a caer el pasado noviembre y acumulan ya ocho meses a la baja. Los costes laborales en el tercer trimestre del año pasado subieron un 5,2% mientras que la productividad cayó un 0,9%, según datos Cepyme, que recoge Europa Press. De hecho, España es el país de la OCDE donde más caído la productividad. Tampoco los beneficios empresariales ofrecen cifras positivas y de hecho se refleja en la caída de la recaudación tanto por IVA como por el Impuesto de Sociedades.

Todo esto no parece importarle a la ministra que se dispone con acuerdo o sin acuerdo a la reducción de la jornada de trabajo en 2,5 horas semanales. El coste de la medida para los empresarios es nada menos que de 64.000 millones de euros y afectará a 12 millones de trabajadores y no a los 8 millones que han calculado desde el ministerio. Díaz explica que esta medida es “ecológica, mejorará la vida de la gente y tiene que ver con los problemas de salud mental y un empleo más eficiente”. La realidad, según los empresarios es que la reducción de jornada sin rebajas proporcionales de los salarios va a costar muchos puestos de trabajo, aunque obviamente sea una iniciativa aceptada mayoritariamente por los ciudadanos. ¿Quién no quiere trabajar menos horas y seguir ganando lo mismo?

Pero, a Yolanda Díaz no le basta con todo esto y en la reforma del Estatuto de Trabajadores que ha emprendido también tomará medidas que frenen los contratos a tiempo parcial. Los últimos datos conocidos nos dicen que del total de contratos indefinidos firmados en diciembre pasado solo el 56% lo fueron a jornada completa, el 9% a tiempo parcial y los fijos discontinuos, que también realizan una jornada laboral inferior a la completa, un 14,5%. De hecho, en 2023, el 24% del total de contratos realizados fueron indefinidos a tiempo parcial.