Horror y pavor. Todavía quedan dos meses por delante desde la previsiblemente fallida investidura de Feijóo de la próxima semana. Tiempo de conjeturas en el vacío, a la espera de una decantación del tablero: fumata blanca en Moncloa o vuelta a las urnas. Y mientras tanto, los primeros actores del drama -comedia, más bien-, haciéndose la contra, como si se estuvieran preparando para ser los futuros jefes de la oposición.

Feijóo y Sánchez olvidan su papel de aspirantes a la Moncloa, que les obligaría a ser siempre positivos, nunca negativos. Pero lo cierto es que ninguno de los dos pierde la ocasión de arremeter contra el otro en sus respectivas apariciones. Es de sectarios señalar la incoherencia de un Feijóo que hace oposición a Sánchez en vísperas de ofrecerse como presidente del Gobierno, sin apuntar a Sánchez por hacer lo mismo.

Véanse las últimas intervenciones públicas del presidente en funciones, en las que ha dedicado parte de su discurso a anunciar la derrota del líder del PP en la investidura y, a pedir para él tarjeta roja por “hacernos perder el tiempo”. Un alarde de dotes adivinatorias. Me parece temerario anticiparse a los acontecimientos y me parece antidemocrático negar a Feijóo el derecho a intentar ganarse la confianza del Congreso de los Diputados, que es el encargo recibido por el Rey.

Por cierto, que en estos últimos días han circulado por las redes sociales algunas teorías desaforadas sobre la posición en la que quedaría Felipe VI si las no menos desaforadas exigencias del independentismo, claramente reñidas con el espíritu y la letra de la Constitución, llegaran a materializarse en el Boletín Oficial del Estado. Sobre todo, la que reclama del Estado una ley de amnistía para los lideres del “proces” condenados en los tribunales por la fallida operación golpista de octubre de 2017.

No viene mal en este punto hacer un llamamiento a la seriedad, el sentido común y el respeto a las previsiones constitucionales que obligan a los poderes públicos, empezando por un jefe del Estado desprovisto de responsabilidad política y obligado a atenerse estrictamente a dichas previsiones. En este caso, las dispuestas en el artículo 99 (investidura del presidente del Gobierno tras unas elecciones generales).

Por decirlo de otro modo: el Rey es probablemente la única pieza del andamiaje del Estado que hoy por hoy está en su sitio. En ella podemos reconocer a una institución inmune a esta contagiosa epidemia política del “por si acaso” en relación con una ley de amnistía que no existe y que, según creemos algunos, nunca existirá.