No ha habido candidato a La Moncloa que ante un largo proceso electoral como el que se ha abierto ya en España no vaya a por todas para resultar ganador en las urnas. El deseo es más que legítimo pero el asunto de fondo es cómo ir a por todas, el camino que se está dispuesto a recorrer, la estrategia decidida para que ese deseo legítimo se haga realidad.

Tratándose de Pedro Sánchez en ese ir a por todas tiene muy escasos límites. Tan escasos que de un plumazo ha dejado noqueado al PSOE. Leha dado la vuelta como a un calcetín sin que se escuchara, al menos en público, una sola voz discrepante y parece dispuesto a que Yolanda Díaz no tenga ni tiempo ni espacio para ese proyecto aún por articular que pretende liderar la ministra de Trabajo.

Para que no haya duda de que va a por todas, pretende no sólo imponer impuestos a bancos y energéticas, sino prohibir (¿) que ese nuevo impuesto sea repercutido en los consumidores, arrebatando así una de las banderas de Podemos que, por no callar, quiere, nada menos, que modificar el código penal para que vayan a la cárcel los que resultaran responsables de esa traslación de costes. Es muy probable que ni el citado impuesto y, desde luego, la modificación del código penal vean la luz pero como se trata de ir a por todas, que por ideas no falten.

Con todo, si algo o alguien resulta imprescindible para ir a por todas es ERC y no menos importante, el concurso de Bildu. Los contactos con ERC se han acelerado y así va a seguir ocurriendo al menos hasta tener la certeza de que los presupuestos para 2023 cuentan con la mayoría suficiente para su aprobación en el Congreso. Soy de las que tiene la convicción de que logrará esa mayoría. Si para ello hay que laminar el 25% de castellano en las escuelas, pues se lamina. ¿Alguien creyó ni por un segundo que Moncloa iba a plantar cara a las piruetas de la sentencia que obliga a una autonomía española a que en su plan educativo se incluya un 25% de castellano? Solo desde la ingenuidad o el desconocimiento profundo de la personalidad y determinación de nuestro presidente se podía esperar tal cosa.

Y ahora, después de una imperdonable tardanza judicial, el Supremo ha concluido que José Antonio Griñán, de 76 años, debe cargar con seis años de cárcel por malversación de dinero público.

Al margen de las opiniones personales que Griñán pueda despertar, y efectivamente despierta en quienes lo hemos conocido, la realidad es queha sido condenado por no cumplir con uno de sus deberes más graves cuando estuvo al frente de la Junta: velar por el dinero público. Sucarácter o sus cualidades personales, que son evidentes para muchos, no pueden obviar que España es un Estado de Derecho en el que no se juzgan personalidades o caracteres, sino hechos cometidos.

Para contrarrestar el golpe, Moncloa, que no el PSOE, se ha apresurado a establecer el argumentario según el cual y como conclusión final, la corrupción del PP con el caso Gürtel le inhabilita para decir ni media palabra. No consta en ningún lugar, al igual que ocurre con Griñán, que Mariano Rajoy se enriqueciera con ese desgraciado asunto que no llega a 300 millones. La cuantía económica del delito es importante, pero los sustancial es que nunca debería haber existido delito alguno. Si el presidente va a por todas y a por todas va, debería pedir el perdón que exige a Feijóo, pero como va a por todas hará justo lo contrario. Es cuestión de tiempo que lo veamos. Y oiremos entonces el silencio de un PSOE que ya no existe.