Son muchos miles de ciudadanos los que continúan esperando por una Ley de Vivienda que regule legalmente el derecho real a una vivienda digna, sea en propiedad o en régimen de alquiler. 
 

Mientras tanto los grandes grupos inmobiliarios y fondos de inversión son los receptores de la venta de miles de viviendas, por parte de las entidades financieras. Viviendas adquiridas por impagos y embargos, a través de subastas judiciales. 
 

Si bien es cierto de que se han adoptado medidas legales para suspender los procedimientos judiciales sobre ejecuciones hipotecarias e impagos de alquileres para familias vulnerables, hasta final de año. También no es menos cierto de que continúa siendo un problema, para muchos municipios y Comunidades Autónomas, el garantizar las alternativas habitacionales para familias vulnerables, a pesar del elevado número de viviendas vacías que hay en nuestro país, más de tres millones y medio. 
 

Se está llegando a situaciones insostenibles e impensables, hace poco tiempo. Hay zonas en donde es imposible encontrar una vivienda para alquilar durante todo el año. O bien se alquilan en temporada estival o bien se encuentran encuadradas como viviendas turísticas. Aquí los responsables públicos tienen algo que decir. 
 

Un gobierno progresista tiene que ser valiente y gobernar, primordialmente, para la gente, para las familias más humildes y vulnerables, máxime en períodos de crisis. Por eso muchos ciudadanos se preguntan, para cuándo la Ley de Vivienda?
 

La vivienda no puede ser pensada como un medio de especulación o enriquecimiento, tiene que ser considerada como un derecho básico, como ya lo son la sanidad, la educación, las pensiones, las prestaciones por desempleo, etc.