A pesar de las numerosas normas y disposiciones legales, aprobadas, para suspender los desahucios de familias vulnerables, éstos se continúan sucediendo. Un claro ejemplo ha sido, éste miércoles, en una localidad del Barbanza, concretamente en Boiro. Una familia humilde y vulnerable se ha quedado en la calle, y además sin garantizarle una alternativa habitacional, por parte de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Los jueces, además de tener la obligación de aplicar las leyes y demás normas legislativas, tienen que desarrollar el sentido de la proporcionalidad y de la valoración del posible daño ocasionado.

Aquí, conociendo la situación actual de vulnerabilidad de la familia, que consta en el Informe Social de los servicios sociales municipales, así como la presunta situación de padecer algún tipo de patología invalidante por parte de algún miembro de la unidad familiar, no obstante el Tribunal de Justicia decide lesionar los derechos de la parte más débil e indefensa, la familia, y beneficiar al fondo de inversión que se hizo con la propiedad, como consecuencia de una estafa empresarial.    

   Las leyes, reales decretos y demás disposiciones reglamentarias prohíben un desahucio de la vivienda habitual a personas y familias vulnerables sin la garantía de una alternativa habitacional. Desgraciadamente, son muchas las ocasiones en que se violan y vulneran éstos Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos por culpa de la falta de voluntad politica de la Xunta de Galicia para disponer de un número importante de viviendas y poder así garantizar el realojo de las centenares de familias que se ven afectadas por procedimientos judiciales sobre ejecuciones hipotecarias, impagos de renta de alquileres o desahucios en precario