El Gobierno constituyó ayer la Comisión Interministerial de Inmigración con la celebración de la primera sesión de análisis sobre el fenómeno migratorio en España, y señaló a Canarias como prioridad por el volumen de llegadas irregulares.

Celebrada en La Moncloa, a la reunión asistieron los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Interior, Fernando Grande Marlaska; Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y Juventud e Infancia, Sira Rego. En representación del Ministerio de Trabajo asistió la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino.

También participaron el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el director general de la AGE en el Territorio, Agustín Torres, que ejerce además como secretario de la Comisión Interministerial.
La Comisión está presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que remarcó que este órgano se haya puesto en funcionamiento en 15 días, “recortando al máximo el plazo de 30 días para su constitución”.

Torres explicó que cada departamento hizo balance de su gestión y se establecieron las prioridades que, en estos momentos, se centran en Canarias por el importante volumen de llegadas de embarcaciones irregulares. “El 80% de la migración irregular que llega a España lo está haciendo a Canarias”, afirmó el ministro.

Respecto a la atención a personas migrantes adultas, competencia del Gobierno, el ministro destacó que “la situación ha ido mejorando claramente con respecto a años anteriores y en estos momentos en Canarias la situación no es ni mucho menos de hacinamiento, ya que la ocupación de recursos del Estado, según Ministerio de Inclusión están al 55%”. En cualquier caso, Torres apuntó que en la reunión se plantearon mejoras para reforzar los equipos de atención en la isla de El Hierro, que es la que más presión migratoria está recibiendo.

Menores no acompañados

Sobre los menores migrantes no acompañados, que son competencia de las comunidades, el ministro afirmó que la situación es injusta, “porque no todos los menores pueden quedarse en el territorio al que llegan”, y subrayó que la predisposición del Gobierno de España es absoluta y que está decidido a trabajar junto al Gobierno de Canarias.

Asimismo, avanzó que los servicios jurídicos están analizando la propuesta del Ejecutivo canario para que los menores migrantes sean acogidos en otras comunidades, si bien esas propuestas podrían requerir cambios en leyes orgánicas: “Tiene que ser una solución compartida y de colaboración entre todas las comunidades y también se debe contar con el apoyo y el compromiso de los distintos grupos políticos en el Congreso, que son los que gobiernan también muchas comunidades”.

Torres recordó que fue el Gobierno de Pedro Sánchez el primero en aprobar en las Conferencias Sectoriales el reparto de menores entre las comunidades que se prestaran voluntarias, con la guarda, tutela y custodia de los menores.