El Consejo Escolar del Estado quiere poner sobre la mesa en 2024 el debate sobre la extensión de la obligatoriedad de la formación hasta los 18 años con el objetivo de reducir el abandono escolar.

Es una de las propuestas del Consejo en su ‘Informe 2023 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2021-2022’, en el que el máximo órgano consultivo del Estado en educación también sugiere la necesidad de introducir cambios en las becas, en la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones o en las ratios.

Destaca el Consejo que desde 1980 distintos sistemas educativos europeos prolongaron la escolaridad obligatoria para reducir las tasas de abandono temprano, garantizar la adquisición de las competencias clave, y asegurar que todo el alumnado obtenga un certificado de educación básica. 

En España, al igual que en la media de la Unión Europea, la escolarización obligatoria va de los seis a los 16 años de edad. Bélgica, Portugal o Francia la ampliaron hasta los 18, mientras que Alemania fue más allá y lo hizo hasta los 19, lo que supuso una escolarización superior al 90% de la población con 17 años de edad en estos países.

Becas y ayudas

El Consejo Escolar también pide que aumenten determinadas cuantías de las becas debido a la subida del coste de vida, y que se elimine la cuantía variable para estudios postobligatorios.

Además, cree necesario introducir nuevos criterios para la concesión de las ayudas, como proceder de familias monoparentales, entornos rurales o en riesgo de exclusión social.

Para el Consejo es primordial garantizar la atención temprana y personalizada, desde la Educación Infantil, para conseguir el máximo desarrollo del potencial de cada persona y lograr la plena integración social y laboral.

En este sentido, requiere la promoción de las medidas y recursos destinados a los Planes de Convivencia, así como de prácticas educativas que promuevan una formación integral para tomar decisiones sin sesgo de género. Cree también conveniente estudiar la actual oferta de plazas públicas en centros específicas de Educación Especial para saber si hay que incrementarlas.

El Consejo recalca a su vez la preocupación de los docentes por su incapacidad para atender a las necesidades de todos los alumnos, por lo que pide que el sector educativo quede excluido de cualquier limitación de reposición de efectivos y se dote a los centros de puestos especializados en atención higiénico-sanitaria y salud mental.

Para mejorar las condiciones laborales, solicita la promulgación del Estatuto de la Función Pública Docente, la limitación de horas lectivas (hasta ahora recomendada en 23 horas en Educación Infantil, Primaria y Especial y 18 horas en el resto) y el mantenimiento de la jubilación anticipada en la enseñanza pública.

También apuesta por seguir impulsando la enseñanza de Formación Profesional con la creación de nuevos ciclos en función de las necesidades laborales, potenciar el prestigio de estas enseñanzas superiores y la crear un órgano que garantice la equidad de la implantación de la FP Dual en todo el territorio. 

En este sentido, el Consejo señala esta salida como un medio para favorecer el acceso a la educación superior del alumnado de entornos rurales, que, consideran, necesitan una mejor dotación.