El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a avalar esta semana la ley aprobada en el año 2022 que penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para someterse a una interrupción voluntaria de su embarazo. 

Fuentes jurídicas señalaron que el pleno de la Corte de Garantías debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que redactó la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional.

Ofensivas de PP y Vox

Así las cosas, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar.

La formación liderada por Santiago Abascal impugnó la norma después de intentar frenarla en sede parlamentaria y tras presentar –sin éxito– enmiendas para que el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas especializadas en aborto no se castigue con penas de prisión. 

Fue en febrero de 2022 cuando el Congreso aprobó –con los votos en contra de PP y Vox– la ley orgánica con la que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año los “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que “menoscaben la libertad de las mujeres”.

El texto, además, establece que los tribunales podrán imponer, a su vez, la prohibición de acudir a determinados lugares por períodos de seis meses a tres años, punto que también fue respaldado por el pleno del Tribunal de Garantías.