Cualquier persona con trastorno mental, que en un momento de su vida sufre una crisis que desborda la normalidad, puede acabar internada forzosa en un centro de salud mental o institución asistencial con mecanismos de contención física, aislamiento, incomunicación e incluso tratamientos irreversibles.

No hay un perfil ni una cifra de ingresados involuntarios en España porque no se hace seguimiento y estas prácticas están enfrentadas con los derechos humanos, explicó el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González Zapico, que afirma que “en España todavía hay manicomios, pero con otro nombre y con una atención más suavizada”, ya que como tal fueron abolidos en la Ley General de Sanidad de 1986.

Cobertura legal

González Zapico cifra en 30 días la media de duración de estos ingresos, en los que se llega a recurrir a terapia electroconvulsiva, psicocirugía y a tratamientos experimentales en niños y adolescentes, autorizados por sus padres. 

“Amarrar a una persona a la cama o administrar una inyección para calmarle sin haber pedido permiso son parte de estas vulneraciones, que se suman a los chantajes emocionales y a las terapias de choque, que deberían estar prohibidas”, subrayó.

La Confederación presentó ayer el informe ‘Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’ en el que señala prácticas coercitivas en el ámbito sanitario en España que contravienen la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad, vinculante para España como país firmante de la misma desde el año 2008. 

González Zapico es consciente de que la gente no conoce esta realidad, que supone “la última vulneración de derechos con cobertura legal”, que se hace al amparo del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que alude al ‘trastorno psíquico’ como condición para un internamiento involuntario.

Reeducar a las familias

Aunque no hay un perfil, los trastornos mentales que acaban con estos internamientos involuntarios afectan más a jóvenes, desde adolescentes hasta adultos de 45 años, y personas desprotegidas y en situación de mendicidad, sin que haya diferencia por sexos. Cuando una persona sufre un trastorno psicótico o una crisis, se tiende al automatismo y se llama al 112 o a las fuerzas de seguridad y a partir de ahí se desencadena un proceso que, muchas veces, acaba en el ingreso involuntario del paciente. 

Algunos de estos internamientos se dan en las unidades de agudos de los hospitales y las familias suelen ser favorables pese al carácter forzoso, al querer preservar su seguridad y la del enfermo. 

Por ello, según González Zapico, hay que “reeducar” a las familias porque “los derechos de las personas, en ningún caso, se pueden negar”.

Con este informe y desde la Confederación quieren iniciar un proceso para cambiar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que haya cauces para que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas en un entorno sanitario, de atención y de cuidados.