El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Actuaciones contra los incendios forestales para el verano y lo que queda de 2023 teniendo en cuenta un “espíritu de adaptación al cambio climático”, motivo por el que el dispositivo se adelantó casi dos meses, y que incluyen medidas de apoyo a las comunidades, las competentes en la lucha contra el fuego.

Así lo anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la rueda posterior al Consejo, donde recordó que “entre las máximas prioridades” del Gobierno está la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, que demostraron su “terrible potencial destructivo” sobre pueblos, campos, ciudades, explotaciones ganaderas y agrícolas y sobre el patrimonio natural de las distintas regiones de España.

Por ello, recordó que el 28 de abril se constituyó el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal, un mes y medio antes de las fechas habituales. Marlaska destacó que según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, en España se quemaron en 2022 más de 300.000 hectáreas y se convirtió en el país con mayor superficie forestal arrasada por el fuego y añadió que el número de grandes incendios (más de 500 hectáreas) fue tres veces superior a la media de los últimos diez años. “A eso nos enfrentamos”, dijo Marlaska y aseguró que el Gobierno acordó poner “todos los medios necesarios para encarar este escenario y proteger a los ciudadanos sus vidas y sus bienes”.

Participación conjunta

En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica aportará las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) y once hidroaviones que opera el Ministerio de Defensa. Interior pondrá a disposición a las Fuerzas de Seguridad del Estado, 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se dedicarán a la lucha directa contra los incendios y personal de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre otros medios.

Interior coordinará la gestión de los medios con los que la Administración General del Estado apoya los dispositivos autonómicos. El comité incluye además efectivos de las unidades de Seguridad Ciudadana, de la Agrupación de Tráfico, del Servicio de Montaña, de la Agrupación de Reserva y Seguridad (que se reforzará en las zonas y comandancias afectadas por incendios de gran magnitud) y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como los medios de sus servicios Aéreo y Marítimo, realizarán labores de vigilancia, alerta y extinción.

El Ministerio de Justicia mantiene 201 fiscales especializados en las distintas fiscalías territoriales para la pronta y eficaz persecución de las responsabilidades penales en incendios intencionados. Además, el plan contará con la participación de los Ministerios de Transportes y Agricultura “Participamos todos. Si bien las competencias principales recaen las comunidades, el Gobierno está absolutamente involucrado y junto con las provincias y las entidades locales trabajamos codo a codo para hacer frente a esta emergencia”, defendió el ministro.