El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ampliación de la declaración de emergencia migratoria, por 60,6 millones de euros, para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas.

“La ampliación de la declaración de emergencia responde a la necesidad de seguir gestionando un ritmo de llegadas más elevado que en años anteriores, a la vez que garantiza la asistencia a las personas que ya están en territorio nacional”, expuso el Gobierno.

La declaración de emergencia se activó en octubre de 2023 y tal y como señaló el Ejecutivo, “es una herramienta que permite cubrir de manera inmediata las necesidades de las personas migrantes y de la red que les brinda atención”. Además, precisó que esta inversión “evita sobrecostes a las comunidades con más presión migratoria”.

La primera declaración de emergencia, aprobada a principios de octubre, estuvo dotada inicialmente con 33 millones, y permitió una ampliación de la capacidad del programa de Protección Internacional y Atención humanitaria de más de 4.000 plazas. La siguiente prórroga de la emergencia, el 25 de octubre y con un presupuesto de 76 millones, aumentó esa capacidad en 10.000 plazas más.

También en octubre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó una subvención a Canarias de 50 millones de euros destinados a atender a las personas migrantes llegadas a la comunidad, en concreto a los menores nacionales de terceros países acogidos en los centros que gestiona la región.

Finalmente, el Gobierno destacó la creación del Consejo Interministerial de Inmigración el 30 de enero de 2024 con la participación de los Ministerios de Política Territorial; Asuntos Exteriores; Interior; Derechos Sociales; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Juventud e Infancia; y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. “La atención rápida y humanitaria y la coordinación entre los Ministerios competentes son piezas centrales de la gestión migratoria del Gobierno. También la colaboración de las comunidades y los ayuntamientos”, añadió el Ejecutivo.

Protección internacional

Igualmente, precisó que el sistema de Protección Internacional y Atención humanitaria acoge a más de 45.400 personas en España. En este sentido, explicó que está diseñado como un sistema “integral”, “flexible” y “ágil” que “evita presión y sobrecostes a las comunidades, a la vez que garantiza la atención humanitaria y la protección a las personas que llegan en situaciones de gran vulnerabilidad a nuestras costas”.

Además, señaló que tiene como principales objetivos “atender las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, darles cobertura sanitaria de urgencia, acogida por asilo y refugio, apoyo psicológico y en el restablecimiento de contactos familiares y sociales”. Finalmente, el Gobierno agregó que se han “mejorado” los protocolos para la detección de víctimas de trata, torturas y de personas que puedan ser menores.

 “Nuestro sistema responde con especial cuidado y solvencia a situaciones críticas, como las mencionadas o la llegada de enfermos, de personas con discapacidades, niños y mayores”, destacó.