El Gobierno acordó imponer visados de tránsito a los ciudadanos senegaleses a partir del 19 de febrero, como ya ocurre con los de Kenia desde el 20 de enero, para evitar el colapso de peticiones de asilo una vez que hacen escala en el aeropuerto de Barajas.
Los sindicatos de Policía señalan que en torno al 87% de los 350 solicitantes de asilo que esta semana aguardan en Barajas a que se tramite su solicitud son senegaleses. Las organizaciones policiales, además, reclaman que estos visados se impongan para marroquíes en vuelos de la Royal Air Maroc desde Casablanca.
Según confirmaron fuentes de Interior, los visados de tránsito para senegaleses se acordaron en el marco de las gestiones en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) tramitó 847 peticiones de protección internacional desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero.
Además, Cruz Roja anunció este martes que se retiraba de forma temporal de las salas de asilo del aeropuerto madrileño por el caos con los solicitantes, una decisión que el Ministerio del Interior dijo que respetaba, pero “no compartía”.
El sindicato Confederación Española de Policía valoró la “huida irresponsable” de Cruz Roja, que calificó de “desleal”, exigiendo una “inmediata reconsideración” a esta ONG. Según sus cálculos, esta semana comenzó con 350 solicitantes de asilo en Barajas, de los que en torno al 87% eran senegaleses, “la nacionalidad con mayor presencia”.
En su comparecencia de este martes en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró que existía una instrumentalización de las escalas en el aeropuerto de Barajas en vuelos hacia países que no requieren visado de entrada, y que se usan para tratar de entrar en España de manera irregular.
El 19 de enero, desde Rabat, Marlaska reconoció un uso “fraudulento” de estas escalas y dijo que estudiaba pedir visados de tránsito, a preguntas por los vuelos desde Casablanca. El Sindicato Unificado de Policía pidió que se investigue la ruta diaria de Air Royal Maroc desde esta ciudad marroquí, debido a que continúan llegando solicitantes de asilo.
En paralelo, el Juzgado de Instrucción 46 de Madrid atendió al recurso de la Fiscalía y anuló su autorización de la semana pasada para trasladar a migrantes solicitantes de protección internacional desde el aeropuerto de Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, al entender que no se había respetado la ley de asilo.
Las fuentes de Interior también acordaron ayer reforzar los efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la OAR ante el problema en Barajas.
El Ministerio apuntó que buscan “nuevas fórmulas de coordinación para agilizar los trámites de solicitud de protección internacional, con pleno respeto a los derechos de los peticionarios”.
El ministro Grande-Marlaska subrayó este martes que España es un referente en materia de protección internacional. “El esfuerzo realizado en este ámbito en los últimos años ha permitido superar en 2023 las 163.000 solicitudes, la mayor cifra de la historia, desde que en 1992 se creara la OAR, por lo que España se sitúa como el tercer país de la UE en número de solicitudes”, apuntaron desde Interior.