Los casos de violencia de género con seguimiento policial en España superaron los 82.600 en octubre, lo que supone un incremento del 10,6% en comparación con la misma fecha de 2022, casi 8.000 casos activos más en VioGén que hace un año.

De los 82.649 casos activos, 1.876 son de víctimas mayores de 65 años, y 1.038 de adolescentes y niñas menores, según los últimos datos del sistema VioGén hechos públicos por el Ministerio Interior, relativos al 31 de octubre de 2023. Más de la mitad de esos casos corresponden a madres con menores a su cargo, 42.309, un 16,56% más que en octubre de 2022.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había, a 31 de octubre, 17 mujeres expuestas a un riesgo extremo (de violencia letal para su vida); 961, a riesgo alto; 13.350, a riesgo medio; 36.262, a riesgo bajo; y 32.059 casos con riesgo no apreciado. En el sistema policial hay registradas 676.153 víctimas de violencia de género, cifra un 7,36% superior a la del mismo período de 2022, cuando había 46.364 menos. Asociados a estas víctimas, 762.125 casos, 82.649 activos y 679.476 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial. 

De nuevo, en octubre se registró un nuevo incremento de niños en riesgo de ser agredidos por el maltratador de sus madres, en muchas ocasiones sus padres. En octubre, 1.396 menores estaban expuestos a una violencia vicaria, un 51,4% más que en el mismo mes del año pasado. De estos casi 1.400 casos, tres se calificaron de riesgo extremo; 139, de riesgo alto; y 1.254 de riesgo medio.

Además, los cuerpos policiales informaron a las autoridades fiscales y judiciales de que la violencia de género sufrida por sus madres situó a 9.764 menores en situación de vulnerabilidad, un 17,7% más que hace un año. De ellos, dos sufrían una vulnerabilidad extrema; 93, alta y 1.440, media. Cuando se detecta una situación de riesgo en menores se alerta a los tribunales y a la fiscalía con una diligencia automática con la finalidad de que se impongan medidas urgentes de protección. 

Víctimas sexuales

Por su parte, La ministra de Igualdad, Irene Montero, se comprometió, si vuelven a gobernar, a negociar con las comunidades para poner en marcha la acreditación para las víctimas sexuales, tanto las que denuncien como las que no lo hagan, “que son la inmensa mayoría”.

 “La disolución de las Cortes y el hecho de estar en funciones nos ha retrasado algunos meses respecto a nuestro plan”, subrayó ayer la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

 Así lo indicó en respuesta a una pregunta de la senadora del PNV María Dolores Etxano.