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viernes | 8 noviembre | 2024
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó un “efecto llamada” de migrantes y pidió evitar los “mensajes alarmistas” que “pueden generar odio”, durante su intervención ayer en el Pleno del Senado.
En concreto, indicó que la presión migratoria es “estructural” y que está motivada “por factores de carácter socio-económico”. Así, apuntó al “deterioro” de la situación interna en países como Senegal, Mali o Guinea Conakry; el golpe de Estado en Níger; y a las “catástrofes naturales”, como los terremotos en Marruecos y las inundaciones en Libia.
Respecto a la situación de Canarias, que concentra el 80% de la migración irregular que llega a España, recalcó que el Gobierno está haciendo “un importantísimo esfuerzo para dotar a las islas de los recursos necesarios” y explicó que se aumentaron las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional un 11,8% desde 2018; que se intensificó el despliegue de medios aéreos y marítimos y destacó la instalación de infraestructuras para acoger a los migrantes.
Por otro lado, pidió que no se correlacionen “inmigración y delincuencia”, así como “responsabilidad y honestidad para evitar afirmaciones falsas que crean alarma social”. Asimismo, recordó que los incidentes relacionados con los delitos de odio crecieron un 33% en 2023 en España. “Los mensajes y los delitos de odio atacan directamente al corazón de nuestra sociedad y alteran nuestra convivencia”, afirmó.
En el turno de portavoces, por el PSOE, Francisco Manuel Fajardo afeó a PP y Vox que asocien migración con la inseguridad. “España está entre los países más seguros del mundo, por encima de Francia, del Reino Unido y de Italia. ¿Es Las Palmas de Gran Canaria una ciudad segura? Yo digo que sí”, destacó.
Además, recalcó la necesidad de dar a los menores no acompañados “el mejor trato posible”. “No hablamos de un pacto para que los menores no acompañados puedan ser distribuidos y bien atendidos en el resto de las comunidades”, lamentó.
En cuanto a la situación de los más de 5.700 menores migrantes que están en Canarias, Marlaska se remitió a lo dicho por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este martes. Los “servicios jurídicos del Gobierno están estudiando la posibilidad, la necesidad y cómo sería el camino más adecuado para la reforma legislativa que permitiera la corresponsabilidad en la tutela de los menores entre el conjunto del territorio nacional”, afirmó.
Por otro lado, Luis Javier Santamaría, del PP, criticó a Grande-Marlaska por hablar de “inmigración ordenada” y recordó que el número de personas que arribaron de forma irregular a España se incrementó un 82,1% y que Canarias registró un “récord absoluto”, con casi 40.000 llegadas.
Asimismo, cargó contra el titular de Interior por la situación de “hacinamiento” en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas. Por su parte, el senador por Vox, Ángel Pelayo Gordillo, destacó que el “efecto llamada” sí existe y solicitó “medidas audaces, decisivas y que contrarresten el problema que se ha producido”.
En la misma línea se mostró el senador de Izquierda Confederal, Fabián Chinea, que pidió al Gobierno “claridad” y “compromiso”, en “una política integral sobre los flujos migratorios”. Por el PNV, la senadora Estefanía Beltrán indicó que la situación evidenció de nuevo que el Gobierno “sigue actuando de forma improvisada”. “Echamos en falta una política común que dé mayor relevancia a los procesos de protección y de inclusión a las personas”, subrayó.
Por EH Bildu, Josu Estarrona, explicó que la gestión de la política migratoria en las islas “no se debe afrontar como una estrategia aislada y viene englobada en una forma de tratar esta realidad en todas sus vertientes”.
Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que su departamento no tuvo “por cuestión competencial ninguna intervención” en la devolución de los menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, que el Tribunal Supremo consideró recientemente “ilegal”.
También expuso que la sentencia dice que “el acuerdo con Marruecos para la prevención de la migración irregular de los menores y su retorno asistido tenía efectos jurídicos, lo que derivó en que no excluía, bajo otra interpretación judicial, la necesidad de un expediente individualizado”.
