La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el Gobierno aprobará antes de que termine el mes una "respuesta eficaz" contra la gestación subrogada, para llevar su prohibición en España "a sus últimas consecuencias".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la Conferencia Sectorial de Igualdad, Redondo ha explicado que su departamento y Justicia están ultimando la medida, que tendrá en cuenta las sentencias judiciales dictadas sobre esta cuestión.

"La gestación subrogada está prohibida radicalmente en España y estamos trabajando con Justicia precisamente para que esa prohibición se lleve a sus últimas consecuencias en nuestro país, hay sentencias que nos obligan", ha destacado la ministra.

Redondo ha precisado que la medida se aprobará "en muy breve tiempo", "en este mes", en referencia a abril.

La semana pasada, la titular de Igualdad aseguró que la solución al problema de los denominados vientres de alquiler (pese a ser una práctica prohibida en España se permite la inscripción registral de menores engendrados de esta manera en terceros países) se incluiría en la futura ley integral contra la trata, que incorporará la maternidad subrogada forzosa como uno de los fines de la trata.

Sin embargo, este martes ha afirmado que la solución llegará antes, de forma inminente, antes de que termine este mes.

En sus declaraciones de la pasada semana, Redondo precisó que es en la inscripción registral de los menores donde reside el problema y que esa es precisamente "la pieza que falta" para acabar con esta práctica.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Igualdad y las comunidades autónomas se han reunido este martes en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad para aprobar el reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 160 millones a los que se suman otros 19,8 millones que se destinarán a distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales.

Redondo ha afirmado que esos fondos son un 60 % superiores a los que se destinaron en 2017, primer año de ejecución del Pacto de Estado, y 20 millones más que en 2024.

"Esta es una política compartida, una política de Estado. (...) Incorporamos más recursos, incorporamos más coordinación y en definitiva un nuevo compromiso, del Gobierno y de las comunidades autónomas, para seguir en esta línea de trabajo que está dando sus frutos", ha aseverado.

El reparto de los 160 millones es el siguiente: 24,2 millones para Andalucía; 20,5 millones para Cataluña; 17 millones para la Comunidad de Madrid; 14,5 millones para la Comunidad Valenciana; 12,4 millones para Galicia; 11,7 millones para Castilla y León; 10 millones para Castilla-La Mancha; 9,4 millones para Canarias; 7,4 millones para Aragón; 7,4 millones para Extremadura; 6,5 millones para Baleares; 5,4 millones para la Región de Murcia; 4,5 millones para el Principado de Asturias; 2,4 millones para Cantabria; 2,4 millones para La Rioja; 1,8 millones para Ceuta y 1,8 millones para Melilla.

Antes de que comenzara la Conferencia, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, ha mostrado su disconformidad con la forma de repartir los fondos (que atienden, al igual que en años anteriores, a criterios poblacionales pero también a otros como de dispersión territorial), y por tanto solicitará que se revisen esos criterios en futuras reuniones.