La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, mostró ayer su respaldo a los jueces después de las críticas recibidas de parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero y de miembros de Podemos por la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ que está provocando la rebaja de penas de prisión a condenados por delitos sexuales.

Así, expresó su “absoluto respeto a todos los jueces y magistrados” a título personal y en nombre del Gobierno. Además pidió no olvidar la separación de poderes del Estado. Sin embargo, rechazó que el episodio suponga un enfrentamiento entre los socios de Gobierno, a pesar de las distintas opiniones que trasladan. Al ser preguntada al respecto respondió con un simple “no”.

Rodríguez hizo referencia a los casos que se conocieron en las últimas horas –varias revisiones de sentencias que conllevaron reducciones de penas e incluso excarcelaciones– y señaló que comprende “la preocupación ciudadana” que están provocando.

Insistencia de Igualdad

Este miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó tras conocerse la reducción de penas a violadores, que el machismo “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”.

Rodríguez hizo un llamamiento a la prudencia para poder “estudiar” las causas que están provocando este efecto en cada una de las sentencias “desde el rigor”, según pidió. “Los jueces son los que tienen que interpretar las normas y hacerlo conforme a su espíritu y confío que esto vaya a ser así”, trasladó, al tiempo que dejó claro que el objetivo de la ley es incrementar las condenas a los agresores y proteger a las víctimas.

Por su parte, la ministra de Igualdad insistió ayer en la necesidad de la formación de los jueces para que manejen los casos “de una manera sensible al género” y puedan hacer una “correcta” aplicación de las leyes. Así lo dijo Montero durante su discurso en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en presencia de otras autoridades políticas y judiciales.