Ciudadanía y autoridades se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Tudela para expresar su repulsa por la presunta agresión sexual cometida el pasado fin de semana en la localidad, por la que fueron detenidos cinco hombres.
La concentración fue convocada por el Ayuntamiento a las 12 horas y a ella asistieron el alcalde, Alejandro Toquero, y el vicepresidente primero del Gobierno foral y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, además de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Istúriz. Los asistentes a la concentración portaron una pancarta en la que se leía “Tudela dice no”.
La concejala de Servicios Sociales, Anichu Agüera, dio lectura a la declaración institucional aprobada el lunes por la Junta de Gobierno Local, en la que se señala que “como institución pública y como ciudadanía activa tenemos una actitud comprometida frente a las agresiones sexistas y nuestro firme propósito es continuar trabajando en este sentido”. Por ello, la declaración expresa el “total rechazo y condena” a la agresión del fin de semana y muestra el “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además del máximo respeto para preservar sus derechos a la intimidad”. Además, el alcalde afirmó “alto y claro que las mujeres son intocables si no expresan lo contrario”.
Por su parte, la juez de guardia de Tudela decretó ayer la libertad provisional de los cinco detenidos. Tanto el lunes ante la policía como ayer en el juzgado, la denunciante negó que fuera agredida sexualmente por tres de los cuatro hombres con los que estuvo en una discoteca. Respecto del cuarto, manifestó que le agarró de la muñeca izquierda y le tocó “el culo” sin su consentimiento. A este investigado, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Tudela le imputa un delito de agresión sexual e impone prohibición de comunicación y aproximación.
La mujer también exculpó al quinto detenido, su novio. Declaró que no la agredió sexualmente. Según ella, su novio le agarró del cuello y le dio “tortazos” en el dormitorio que compartían. Por ello, la juez imputó al investigado, que negó la relación, un delito de violencia de género y dictó una orden de protección, por lo que no podrá comunicarse con la mujer ni acercarse a ella a menos de 200 metros durante la tramitación de la causa.