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miércoles | 20 noviembre | 2024
Los negociadores del Parlamento Europeo (PE) y del Consejo lograron ayer un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) y ofrecerá a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ para permitir eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados con alternativas como el pago de una compensación por traslado rechazado.
“¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo”, anunció uno de los eurodiputados del equipo negociador, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a primera hora de ayer, tras una madrugada de negociaciones sobre los nueve expedientes que forman el acuerdo y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes hasta que se resuelve cada expediente con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.
Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del Pleno del PE y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para consensuar un equilibrio entre la “solidaridad” con los países en primera línea, como España e Italia, y la “responsabilidad” que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente, la solución es un mecanismo de “solidaridad flexible” que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.
El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
El modelo de solidaridad ‘a la carta’ también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el PE –y países como España e Italia en un primer momento– defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas.
Entre los principales escollos que retrasaron el acuerdo estaban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera que incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asiliado y procedan de países considerados seguros.
La presidenta del PE, Roberta Metsola, se arrogó ayer como un éxito político de la Eurocámara el acuerdo alcanzado y, pese admitir que “no es perfecto”, destacó que sirve para cerrar una carpeta difícil justo antes del final de la actual legislatura.
Así pues, las elecciones europeas se celebrarán en junio de 2024 con un nuevo marco legal para gestionar la migración a escala comunitaria, un hito que, para Metsola, “posiblemente sea el acuerdo legislativo más importante” de este mandato.
