La Policía Nacional ha detenido a veinte personas e investiga a más de cien en toda España por adquirir títulos falsificados de una treintena de universidades españolas a una organización asentada en República Dominicana que vendía los certificados a cambio de precios que iban de 300 a más de mil euros.

El grupo tenía capacidad de estampar los sellos troquelados de decenas de universidades del país, además de disponer de un repositorio con las firmas de numerosos rectores y secretarios de los centros universitarios, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La investigación comenzó el mes de junio del pasado año cuando uno de los organismos alertó a los agentes de la posible existencia de títulos universitarios falsos.

Los agentes comprobaron que se podían encontrar diferentes sitios web en los que se ofertaba la adquisición de titulaciones falsificadas.

La mayoría de las ofertas formaban parte de un engaño ya que los clientes nunca llegaban a recibir el certificado que habían solicitado y los vendedores cortaban toda vía comunicación.

Sin embargo, los investigadores detectaron a una organización que sí cumplía con sus encargos y entregaba a sus clientes multitud de titulaciones de diferentes universidades del país.

El grupo, afincado en República Dominicana, se caracterizaba por su capacidad técnica y sofisticación ya que tenía capacidad para estampar los sellos troquelados de más de treinta universidades españolas, además de contar con una reserva con firmas de rectores y secretarios de los distintos centros.

Una vez acordada la compra de la titulación falsificada la organización reclamaba el pago a sus clientes a través de distintas plataformas de envío de dinero mientras que el certificado era remitido a través de una empresa de mensajería internacional.

Los clientes tenían la opción de adquirir solo el título académico en versión digital o el diploma físico, que incluía el sello troquelado, el logotipo oficial y las firmas de las autoridades universitarias.

Los agentes pudieron acreditar que la organización se dedicaba a esta actividad desde 2019, si bien había aumentado su productividad desde el pasado año.

Aunque la investigación continúa abierta a los veinte arrestados se les atribuyen delitos de falsedad documental, estafa y en algunos casos intrusismo.